La Administración debe justificar que existe riesgo de propagación de una enfermedad transmisible y también ha de explicar que la medida restrictiva de derechos que propone es adecuada, imprescindible y proporcionada.
Tener una sospecha razonable presupone la existencia de hechos o información que satisfagan a un observador objetivo de que la persona imputada puede haber cometido el delito.
El oficio publicado en el Diario Oficial, y firmado por el contralor subrogante, Osvaldo Vargas, les recuerda que está prohibido “realizar actividad política en las funciones de la administración o usar bienes del Estado para tales fines”.
«Ante la debilidad del Parlamento en temas como el cannabis o la eutanasia, el referéndum es el único instrumento que puede permitir superar los vetos cruzados de los partidos, como el que acaba de hundir la ley contra la homofobia, y dar la palabra a los ciudadanos», aseguraron la secretaria y el tesorero de la Asociación Luca Coscioni, Filomena Gallo y Marco Cappato.
Decisión adoptada con la prevención de la magistrada Guerrero Rosen, quien concurriendo a la condena por el delito previsto en el artículo 150 A del Código Penal, estuvo por imponer a los sentenciados penas de 7 años, seis meses y un día de presidio.
El Pleno del máximo tribunal revocó la decisión del tribunal de alzada iquiqueño que desestimó por improcedente la petición de pérdida de inmunidad parlamentaria y determinó que debe existir pronunciamiento de fondo de la solicitud planteada por el Ministerio Público.
Los requirentes estiman que el precepto legal objetado vulnera los principios de legalidad y tipicidad. La conducta punible descrita no se puede transferir y comunicar a aquellas personas que no detentan la calidad de empleado público.
Las acciones de la recurrida angostaron el camino e impiden el acceso vehicular a una de las parcelas del actor.
Las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar las garantías de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio.
La privacidad e intimidad encuentran su límite legal siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen.
