No nos encontramos en presencia de un error de derecho, toda vez que los jueces, optaron por una interpretación de la norma, que resulta plausible para parte de la doctrina, y que esta Corte comparte, por lo que no existe una infracción de ley.

Busca garantizar que las personas sin hogar tengan acceso a áreas designadas para acampar que ofrezcan servicios para abordar el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Sin embargo, sus críticos sostienen que la medida no ataca las raíces del problema de la falta de vivienda.

Tiene derecho a fluir, para garantizar un ecosistema saludable, a brindar un ecosistema sano, a fluir libremente de toda contaminación; a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; a la biodiversidad; a que se la restaure; y a la regeneración de sus ciclos naturales, entre otros.

Regula la industria de la seguridad privada entendida como el conjunto de actividades o medidas de carácter preventivas, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública, destinadas a la protección de personas, bienes y procesos productivos.

La obligación de integrar dos impresiones dactilares completas en el medio de almacenamiento de los documentos de identidad constituye una limitación de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal, garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, esa integración está justificada por los objetivos de interés general de luchar contra la producción de documentos de identidad falsos y la suplantación de identidad.

Se trata de adultos mayores, quienes, al estar en la cárcel, se incrementa el proceso degenerativo, más aún si muchos de ellos, tras las sucesivas penas que se les han impuesto, terminaran falleciendo en el establecimiento, como fue el caso de un interno, cuya muerte, por cierto, pudo ser evitable, ya que falleció por peritonitis por no haber sido derivado al centro de salud más cercano a pesar de que el pabellón no cuenta con consulta médica de ninguna especialidad.

Dentro de las garantías vulneradas están integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo que cabe exigir a los servicios pertinentes la máxima diligencia en el desarrollo de sus labores, de forma tal que su tardanza o falta de coordinación no genere la perpetuación de las consecuencias perniciosas que se pretenden evitar.

La empresa arriesga una multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales, equivalentes a más de $7.775 millones a valor actual de acreditarse las dos infracciones que se le imputan.

Se previene que las Ministras Chevesich y Muñoz, señores Valderrama y Llanos, consideran que la propuesta implica asignar una enorme tarea adicional de determinación patrimonial a la judicatura de familia, carga que en ese ámbito no suele realizar.

Los jueces de fondo no consideraron las pruebas que acreditaban la existencia de una comunidad de hecho, entre la demandada y el anterior dueño del predio -actualmente fallecido-, lo que priva de sustento su decisión de acoger la demanda, en circunstancias que la ocupación era conocida y tolerada por los demandantes; por lo tanto, la Corte Suprema anuló de oficio la sentencia recurrida y rechazó la demanda de precario.