Parlamentarios buscan conmemorar la figura del excomandante en jefe del ejército, Carlos Prats, instalando un monumento en Talcahuano, localidad donde nació.
El texto publicado recientemente por Ediciones Hammurabi es obra del licenciado en Derecho de la Universidad Finis Terrae, Miguel Sepúlveda Comas. La obra desarrolla una síntesis histórica de la idea de justo precio en el contexto del contrato de compraventa.
La sentencia condenatoria no se encuentra firme ni ejecutoriada, lo cual se refuerza porque el Tribunal Constitucional admitió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal, y suspendió el procedimiento.
Sanciona a quien atente contra un vehículo motorizado, esté en circulación o no, apedreándolo o arrojándole otros objetos contundentes o inflamables o por cualquier otro medio semejante.
Tras perpetrar el delito se radicó en Escocia y simuló haber muerto de cáncer terminal, hasta que su farsa fue descubierta en 2021 luego de enfermar de Covid-19. Su obituario con sus «últimas palabras» fue difundido en un sitio web.
La sentencia incurrió en un error al calificar jurídicamente los hechos del modo que lo hizo, y no como fue solicitado por el persecutor penal en orden a que tales hechos debieron ser calificados conforme lo previsto en el artículo 3º de la Ley 20.000.
No se puede imputar ninguna falta de diligencia en una persona, que como la lesionada usa un elemento comunitario, con socorrista, abierto, sin restricción alguna y funcionando con normalidad, que además no contaba con una mínima señalización que advirtiera del concreto riesgo, no pudiendo considerarse tampoco como un «riesgo general de la vida», ni de competencia de la víctima.
Existiendo una licitación que sustente la tercerización del servicio, no se advierten reparos en su ejecución.
La relación de consumo alude al vínculo que se establece con quien, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o usuarios. En este caso no existe controversia sobre el carácter de proveedor de la accionada, pero esta cumplió con su deber de emitir avisos de seguridad y el hecho se debió a la imprudencia de la recurrente.
No le es permitido a la recurrida que adopte desde ya vías de autotutela, (las cuales afectan la actividad económica del actor), dado que aún se encuentra pendiente la ejecución del fallo arbitral por un tribunal competente.
