El recurso de protección no es la vía idónea para resolver las peticiones formuladas, además la libertad de emitir opinión e información es un pilar fundamental para el Estado Democrático de Derecho.

Dentro de los cambios que fueron aprobados por la Comisión de Salud está garantizar que estos pacientes puedan acceder a medicamentos convencionales y también a la medicina herbaria.

En votación por mayoría el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en el que se solicita que se de «estricto cumplimiento» a dicho deber por parte del Presidente y todos los funcionarios.

El Tribunal de alzada descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó íntegramente el reclamo judicial deducido por la isapre en contra de la resolución de multa adoptada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Temuco que había acogido la acción constitucional de amparo interpuesta por la Defensoría Penal Mapuche en favor de Emilio Berkhoff y que ordenaba su traslado desde el C.C.P de Biobío al C.D.P de Lebu. Con esta decisión el máximo Tribunal negó al condenado por delitos […]

El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales.

La administración de los bienes nacionales de uso público corresponde esencialmente a las Municipalidades, por ende, si el ente edilicio no veló por mantener el buen estado de las veredas, se entiende que no actuó, teniendo el deber legal de hacerlo, lo que constituye falta de servicio.

El fallo descartó además que la sentencia impugnada haya omitido los fundamentos que la llevaron a su decisión. Sostuvo al respecto que, la falta de conformidad del recurrente con dichos fundamentos, al acusar falta de mérito, no significa que los mismos no existieran.

No corresponde a la Administración declarar prescrita la acción de petición de herencia, por lo que no puede fundar en ello la negativa a modificar la posesión efectiva que se solicitó 14 años después de su inscripción.

El requirente reclama que la sanción establecida es desproporcionada, afectando su derecho al debido proceso.