El Tribunal acogió la demanda de responsabilidad civil extracontractual interpuesta en contra de hotel, tras establecer que no controló a los animales que utiliza para fines de seguridad y acompañamiento de las mucamas que atienden a los pasajeros.
El máximo Tribunal descartó una infracción en la incorporación de las enmiendas realizadas.
El proyecto se ubica en la comuna de Pozo Almonte en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y consiste en la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico con una capacidad de generación de 362,76 Mega Watt potencia y se emplaza en un predio de 1.154 hectáreas, de las cuales aproximadamente 443,6 hectáreas serán ocupadas por módulos fotovoltaicos, centros de transformación y subestación elevadora.
El Tribunal de alzada descartó infracciones en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, que confirmó la resolución exenta, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.
La discusión y exposición de enmiendas sobre paridad, pueblos originarios, tratados internacionales, entre otros, trajo consigo reparos por parte de las y los mismos consejeros constitucionales, así como también de ciertas autoridades como del Ministerio Público y la propia expresidenta, Michelle Bachelet. Por otra parte, el rechazo a la propuesta constitucional que entregue el Consejo Constitucional sigue en alza y esta vez alcanzó el 41%, mientras que el órgano redactor cifró en 14% su aprobación.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada el pago de la suma de $120.000.000 como indemnización de perjuicios.
El requirente alega que infringe la igualdad ante la ley, ya que en atención a la irreprochable conducta anterior que posee, las penas que arriesga se encuentran enmarcadas dentro de los presupuestos fácticos para acceder a una pena sustitutiva.
Al condenar al padre a solucionar una pensión que no resulta proporcional con las facultades económicas de las partes, la judicatura del fondo vulneró el artículo 230 Código Civil, en relación con el artículo 329 del mismo cuerpo legal.
Se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente sobre el automóvil reclamado, y además la fe pública de los actos administrativos.
La testigo de la defensa, esposa del acusado y abuela materna de las víctimas, manifestó que no quería declarar y se marchó de la sala, por lo que se refuerza la evidencia de que los hechos sí ocurrieron.
