El texto refundido regula, en cada uno de sus títulos: 1) los nombramientos; 2) las prórrogas de contratas; 3) la no renovación de contratas; 4) el término anticipado de contratas; 5) la reasignación de contratas; 6) los concursos para proveer cargos titulares del Poder Judicial; y 7) las contratas de secretarios(as) privados(as) y oficiales asistentes de ministros, ministras y fiscal judicial de la Corte Suprema.

El máximo Tribunal descartó error en la valoración de la prueba por los daños ocasionados en el terreno del demandante, realizada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa Sociedad Espectáculos Dos Providencias Limitada, por la falta de medidas para proteger la vida y salud de sus dependientes en su lugar de trabajo.

El Tribunal de alzada acogió el recurso entablado en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la demanda.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que estableció el pago de una indemnización total de $430.882.016, por los retrasos, paralizaciones, aumentos de plazo y obras extraordinarias, pero la revocó en la parte que condenó a la demandada al pago de $50.327.019, por concepto de lucro cesante y las costas del proceso.

Ni la parte demandante, una institución previsional que por ley debe proceder respecto de los cobros de cotizaciones previsionales de manera diligente, ni el Juez del Proceso, que debe cumplir con un mandato legal, realizaron gestión alguna durante más de 3 años.

La expresión «mientras sean necesarios sus servicios» permite que la autoridad pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice.

El actor se encontraba en mora hace más de tres años sin que la recurrida haya ejercido acciones tendientes a obtener el pago del crédito

La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

Incumbe al legislador garantizar a las personas condenadas, la posibilidad de llevar ante la judicatura, un caso en que la sanción fue impuesta contrariando la dignidad de la persona humana.