El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la resolución impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Copiapó.
En la resolución, el ministro Carroza desestimó las peticiones de los condenados de cambiar el lugar de reclusión a sus domiciliarios o a residencias sanitarias especialmente habilitadas, debido a las condiciones sanitarias de los recintos donde cumplen condena.
Carece de razonabilidad otorgar el permiso a una persona que lo solicitó fuera de plazo y denegarlo por esa misma causa a la recurrente. Se vulnera la garantía de igualdad ante la ley.
Los recurrentes señalan que las omisiones que denuncian los discriminan sin que exista una base racional que justifique que ciertos ciudadanos chilenos en el extranjero puedan votar y otros no.
La sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N°16.618.
Razona la Corte que no yerra la sentencia impugnada pues estando expresamente regulada la modalidad de contratados en el Estatuto Docente, debe ser sometida a ese cuerpo legal y, en forma supletoria, al Código del Trabajo solo para el caso de los asuntos no regulados por el Estatuto.
El Tribunal de alzada acogió a tramitación la acción cautelar que busca que los funcionarios de la salud comprendidos en el grupo de riesgo, ejerzan labores desde sus hogares, vía remota, entre otras.
En razón de este fallo, los funcionarios públicos no recibirán el aumento de salarial esperado de acuerdo con la ley de salarios adoptada en 2019.
Para el pleno de ministros, llama la atención lo extremadamente acotado del plazo dentro del cual debe promoverse la remoción (30 días hábiles desde la concurrencia de la causal invocada).
Se cuestiona la ley en la medida que concentra el poder en manos del Ministro de Gobierno Cooperativo.
