El Estado colombiano falló en su tarea de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de la mujer, perpetuando las violencias que se han ejercido en su contra y causándole daño al no asumir con la debida diligencia su caso.

La decisión del órgano edilicio fue considerada un acto ilegal por la Corte de Santiago.

La caducidad no es la consecuencia jurídica que el ordenamiento otorga a la omisión de la Contraloría, sino que debe interpretarse como la denegación tácita de la solicitud.

El proyecto iniciado en moción de un grupo transversal de senadoras fue despachado a la Cámara Baja, para cumplir su segundo trámite.

La Corte de Santiago rechazó la acción del laboratorio, que buscaba impedir la entrega de esta información solicitada por un particular, en virtud de la ley de acceso a la información pública.

La hermana de una de las víctimas intentó dejar sin efecto resolución que otorgó la libertad anticipada al cómplice del secuestro de cinco dirigentes sindicales en 1987.

El voto de minoría sostuvo que el plazo de caducidad debe contabilizarse considerando la etapa de mediación obligatoria que la ley establece.

El dictamen alude a los funcionarios que deben operar el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración.

La intervención fraudulenta de un tercero no implica que la empresa contratante haya actuado con la diligencia exigida por la Ley de Protección de Datos.

El máximo Tribunal actuó de oficio al determinar que la sentencia recurrida contenía errores evidentes.