Tribunal Supremo de España condena a diputada de Cataluña a la multa de 13.500 euros por negarse a contestar las preguntas formuladas en un juicio por parte de VOX.
La desobediencia reviste una especial gravedad, puesto que no solo vulnera el principio de autoridad, sino que también vulnera otros bienes jurídicos protegidos como en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, el orden público y el derecho de defensa.