(…)puede dejar sin intervención a aquellos que tengan un legítimo interés para la adecuada investigación de un caso concreto”, pues “es frecuente que entre tales personas puede existir discrepancias en la calificación de los hechos materia de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público”.

(…)Las municipalidades tienen el deber de administrar los bienes nacionales de uso público ubicados dentro de su comuna; y que tal obligación comprende “no solamente aquello que concierne al cuidado y conservación de dichos bienes en función de mantener la integridad del patrimonio público, sino también todo lo que tienda a precaver lesiones en su integridad corporal y daños en cosas de su propiedad a las personas para cuyo uso han sido destinados”.

Se hace necesario, afirman, adecuar esta figura “a los tiempos y a las exigencias del mercado” para que estas empresas sean “más duraderas, útiles y accesibles”.

“se encuentra disponible al público en forma permanente en el sitio web” del SII, aunque no de acuerdo al “criterio buscado por el solicitante, sino con los fines fiscalizadores propios” del Servicio, por lo que para proporcionarla se deberían efectuar adecuaciones al software que la contiene.

La moción de los Diputados Becker, Browne, Monckeberg Díaz,  Monckeberg Bruner, Pérez, Rivas, Rubilar, Sabat y Verdugo, señala que el “duelo” era “en la tradición colonial y republicana, una forma legítima para poner término a una disputa de grandes proporciones, consistente en el enfrentamiento entre dos caballeros, que terminaba comúnmente con la muerte de uno […]

La cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” está en completa “armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata…

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la acción constitucional, al constatar que la situación de hecho vulnera las garantías constitucionales invocadas en el recurso y debe ser “corregida a través de esta vía excepcional” con el único objeto de “revertirla al estado anterior, sin perjuicio de los derechos de ambas partes para recurrir al Tribunal Civil competente para solucionar el conflicto”.

(…)una de las causas de “la deserción de estudiantes en las universidades son los problemas económicos del grupo familiar del estudiante”; en especial, aquellos alumnos de “universidades privadas”, quienes se encuentran “más expuestos a la deserción, ya que enfrentan aranceles más altos, en general, y disponen de menor acceso a becas y crédito”.

La iniciativa legal contempla también que los predios ribereños “estarán gravados, por el sólo ministerio de la ley, con un derecho de paso consistente en poder acceder a través de ellos en forma libre, pública y gratuita”.

La sentencia determina que la cuestión a resolver es si a la Corporación Municipal -dado su carácter de entidad de derecho privado- le son o no aplicables las normas de la Ley 20.285.