El texto legal establece que en el caso de coautoría o coparticipación, en que aparezcan involucrados civiles y uniformados, los primeros quedarán sujetos a la justicia ordinaria y los segundos a la militar.
Legislación distingue entre la infracción de deberes u obligaciones funcionarias, frente a la cual el infractor puede ser objeto de una anotación de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias que deben acreditarse mediante investigación sumaria o sumario administrativo.
Los ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente de la República, quien debe elegirlos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propone la misma Corte, aunque requiere el acuerdo de los dos tercios de los Senadores en ejercicio que deben prestarlo en sesión especialmente convocada […]
“el artículo 101 de la Constitución establece el rol de las Fuerzas Armadas vinculado a un fin interior y no exterior, como asimismo que su redacción “despierta dudas acerca del alcance de los conceptos defensa de la patria y seguridad nacional”.
Una empresa farmacéutica interpuso reclamo de ilegalidad en contra del CPLT, alzándose por esta vía en contra de una resolución de este organismo que le ordenó al SAG proporcionar la información relativa a los medicamentos utilizados en la acuicultura del salmón que le fue requerida. El Tribunal de Alzada ratificó la decisión del CPLT, para […]
«El actual sistema de conformación de ternas es injusto e inconveniente, pues en los hechos no se le está asignando ningún valor al conocimiento especializado y a la experiencia de quienes integran la judicatura de los Tribunales de Policía Local”.
“disminuir esta brecha cultural e interesar a un mayor número de ciudadanos a participar de la democracia a través del voto”.
En los tratados internacionales se establece “la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales”, pero no se “contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente”.
La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de protección, y como medida para mejor resolver, requirió al TC para que se pronuncie sobre los eventuales efectos contrarios a la Constitución que pudieran derivarse de la aplicación en ella de lo dispuesto en el artículo 102 del Código Civil. Esta disposición señala que […]
La controversia, incluso, ha llegado a la Corte Suprema, la que en sede de recursos de protección ha debido pronunciarse acerca del proceso de consulta que prevé el citado Convenio y sus efectos, puntualizando que este tiene por finalidad arribar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, pero que jamás dicha forma de participación podría constituirse en una consulta popular vinculante ni afectar las atribuciones privativas de las autoridades que la Carta Fundamental determina.
