La requirente estima que se vulnera su facultad de interponer recursos y, en consecuencia, su garantía constitucional a un debido proceso.
El actor sostiene que las recurridas han emitido un pronunciamiento sobre la existencia de la deuda, y la exigibilidad de esta, y en base a ello ha resuelto mantenerlo en sus registros como moroso.
La actora alega que la recurrida no paga un beneficio legal, cumpliendo todos los requisitos establecidos al efecto, siendo sometida a un trato desigual, carente de justificación racional, basado en diferencias arbitrarias.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene justificación alguna y vulnera su derecho al debido proceso.
El Banco vulnera la igualdad ante la ley al no exponer por qué se rechazó la solicitud de apertura de cuenta corriente. Se lo sitúa en un plano de desigualdad y de trato diverso al brindado al resto de las personas.
No es ilegal ni arbitrario el procedimiento en que la recurrida examina exhaustivamente la salud del recurrente, para determinar con exactitud el diagnóstico apropiado.
La posibilidad de cambiar el nombre es un derecho reconocido a toda persona y, conforme lo previene el artículo 57 del Código Civil, la ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición de derechos civiles.
Esto no obedece únicamente al hecho de la mera convivencia, sino también a las obligaciones recíprocas que los concubinos se reconocen.
La cláusula de aceleración puede extenderse valiéndose de formas verbales imperativas o facultativas, y en este último caso la obligación se hará exigible en su totalidad si el titular de la acreencia expresa su intención de acelerar el crédito.
