El máximo Tribunal ratificó la resolución impugnada por el fiscal regional, quien fue sancionado el año pasado, por su superior jerárquico, en el marco de las investigaciones por incendios forestales.
Decreto de 1998 permite disponer de financiamiento para que ex generales directores de la institución puedan costear medidas de protección, automóviles, bencina y otros gastos.
Aquellos funcionarios que realizan dichas funciones para la protección del Presidente de la República y los Jefes de Estado extranjeros en visita oficial, cuentan con una gratificación especial equivalente al 20% de su sueldo base, mientras que aquellos que se desempeñan en la misma labor, pero no sobre las autoridades antes mencionadas, no cuentan con la misma bonificación.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso tras establecer que el actuar de la recurrida no puede considerarse como ilegal o arbitrario.
La causa está agendada para el próximo viernes 9 de febrero, en la que las defensas de los comuneros solicitarán al Tribunal el sobreseimiento definitivo de sus representados.
La sentencia detalla que el soldado se acercó al superior «tuteándole, agarrándole por el brazo y llamándolo por su nombre de pila, para, a continuación, extenderle la mano a modo de saludo».
Se sostiene que la Reforma Tributria del año 2014 eliminó el goodwill tributario de la legislación chilena. Fue un error, pues no hubo tiempo de analizar y debatir con la suficiente calma los fundamentos económicos del goodwill tributario.
Una conclusión del informe es el hecho de que esta Agenda presenta efectos de «spillover» significativos: algunas acciones de los países ricos perjudican las probabilidades de alcanzar los objetivos 2030 en los países pobres.
El documento requiere también que el Ministerio de Hacienda realice los estudios necesarios para determinar el impacto financiero de una medida legislativa de esta índole y sus proyecciones.
El Tribunal redujo la pena que le había impuesto la Audiencia Provincial de Cáceres al considerar que los estímulos tan poderosos por los que actuaba, no sólo no contrarían las normas socioculturales, sino que atienden a un bien normativo constitucionalizado como es el interés del menor.
