En el fallo la ministra en visita condenó a los oficiales de Ejército de la Escuela de Infantería de San Bernardo a la época de los hechos, Jorge Eduardo Romero Campos y Alfonso Faúndez Norambuena a 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado de los profesores Hugolino Humberto Arias Navarrete, Víctor Omar Gálvez Norambuena y Nelson Joaquín Medina Letelier.

Los demandantes padecieron sufrimientos psíquicos durante el período de detención preventiva y posteriormente, tras la condena, en el corredor de la muerte. Esto, en el contexto de condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales, en perjuicio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral.

Los recurrentes alegaron que el cumplimiento de dicha orden podría afectar a la flora y fauna silvestre que habita el lugar, argumento que fue desechado por la Corte, pues tal afectación es un hecho futuro e incierto.

El ordenamiento ha decantado criterios de clasificación de la información personal. De allí que se aluda a datos personales públicos, semi-privados, privados y reservados, al tiempo que se contemple la existencia de datos sensibles. La clasificación de la información personal tiene un efecto práctico, pues estos criterios fijan estándares de protección e imponen límites a su divulgación.

En Ucrania se están cometiendo atrocidades que exigen un tribunal para crímenes de guerra. Pero la justicia requiere paciencia.

Los robos de estas marcas aumentaron exponencialmente entre 2021 y 2022 a niveles alarmantes. La ciudad ha demandado una compensación para los dueños afectados y que los fabricantes implementen medidas de seguridad adicionales ya que, a juicio de las autoridades, deben asumir la responsabilidad por el peligro para la seguridad pública que crearon.

El requirente alegó que se establece una limitación arbitraria e irracional a la interposición del recurso de nulidad formal por la sola circunstancia de haberse deducido en una reclamación regida por una ley especial, lo que vulnera sus garantías constitucionales.

La sentencia afirma que la señora Brítez Arce no obtuvo el tratamiento médico especializado y diligente que requería por cuenta de su embarazo y de los factores de riesgo consignados en la historia clínica, ni contó con información completa sobre las posibles alternativas de tratamiento y sus implicaciones. Por el contrario, fue sometida a violencia obstétrica en circunstancias que la expusieron a un riesgo que desencadenó en su muerte.

La resolución busca que se contabilice y asegure que quienes hayan concurrido a votar hayan ingresado previa y efectivamente a los locales de votación.

Detrás de la norma que tomó el nombre del entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública hubo un sistemático movimiento de mujeres, tales como, Isabel Le Brun y Antonia Tarragó quienes desde mediados del siglo XIX, lucharon para que sus alumnas pudieran acceder a la educación superior.