La mujer era miembro de una secta con creencias apocalípticas que abogaba por la “segunda venida de Cristo” a la que se unió tras contraer matrimonio con un líder de la misma. Podría volver a ser juzgada por otras muertes aún no esclarecidas.
El legislador exige la realización copulativa de las tres conductas para no incurrir en el delito, cuestión que no se verificó en el caso en análisis, ya que el encausado huyó del lugar y no prestó ayuda.
No es jurídicamente admisible negar la reparación integral a una menor de edad por el fallecimiento de su padre, únicamente bajo el argumento de que éste no la reconoció en vida, pese a estar acreditada la responsabilidad del Estado por el deceso ocurrido. Tal razonamiento la ubica en un plano de desigualdad injustificada, al hacerle inaplicables los estándares de acreditación de los perjuicios causados a los hijos de las víctimas directas.
Los jueces de alzada confirmaron la sentencia recurrida compartiendo sus razones, en razón de la interpretación y valoración que efectuaron de los antecedentes de la causa, y de las disposiciones aplicables, por lo que no se vislumbra falta o abuso grave en la dictación de su pronunciamiento (más bien existe una disconformidad con lo resuelto).
El Minsal anunció que a fin de año se dictará 5° Decreto de la normativa, el que está retrasado del 2020. Éste financiaría tecnologías sanitarias de al menos dos problemas de salud de alto costo.
Existe una negligente disposición del cambio de nivel entre la calle y el portal que constituye un obstáculo que excede de la normalidad y de los riesgos generales por no tener carácter previsible para la víctima. No apreciamos conducta negligente o descuidada por parte del demandante que permita realizar una compensación de culpas con el efecto de minorar la indemnización a percibir.
La Comisión de Gobierno conoció detalles del proyecto que busca “asegurar que aquellos que soliciten la condición de refugiado cumplan con los criterios y fundamentos legales”.
El requerimiento adolece de una serie de defectos que conducen a su rechazo. En cuanto a la impugnación al artículo 768, inciso antepenúltimo, del Código de Procedimiento Civil, se debe tener en consideración que la gestión pendiente se tramita según el procedimiento ordinario ante los juzgados de familia que regula la Ley N° 19.628, por lo que nos encontramos ante un asunto con una regulación específica.
Este tribunal ha actuado en el ámbito de su competencia, obró dentro de sus facultades legales, llevando a cabo una práctica judicial reiterada en el tiempo que es cuestionada por primera vez ante este juez, informa el recurrido.
El medicamento “ANORO” es solicitado por el recurrente debido a que es indispensable para su sobrevida, motivo por el que la Corte de Puerto Montt ordenó al nosocomio suministrar dicha medicina, a fin de no vulnerar el derecho a la vida del paciente.
