El demandado posee la propiedad hace 40 años y ha invocado para su ocupación contratos celebrados con los demandantes, así como la existencia de un procedimiento de regularización al amparo del DL N°2695.
Se desestimaron los argumentos de miembros de la Guardia Civil condenados por abuso de autoridad, al no existir error en la apreciación de la prueba ni vulneración de la presunción de inocencia.
El demandado debía pagar los intereses estipulados en la cláusula al incumplir el pago de las rentas de arrendamiento, en razón de la obligatoriedad contractual y la autonomía de la voluntad.
La iniciativa permitirá la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.
Es un derecho fundamental que requiere de la infraestructura adecuada para su ejercicio, por lo que las autoridades pertinentes deben hacer observancia de los requisitos legales para su goce y así evitar su postergación a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio del Medio Ambiente, solicita al Tribunal rechazar, en todas sus partes, las reclamaciones, pues -dice- la resolución se encuentra debidamente fundamentada y tiene por fin la protección de la diversidad biológica y el valor ambiental del Humedal Urbano de Quilicura.
La instancia especializada concluyó con la votación de las indicaciones presentadas al proyecto que persigue el pago de lo adeudado, a través de una investigación que realizará el Tribunal de Familia, sobre el patrimonio del deudor y, en última instancia, se podrá recurrir a los fondos de AFP.
Los senadores apuntaron a la necesidad de conocer informes topográficos y de afectación minera, esto considerando que en el 2013 se registró un episodio similar que generó una investigación.
El lunes 01 de agosto, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados formuló preguntas a la Ministra de Salud en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra b), de la Constitución.
Se alega que las servidumbres legales mineras de ocupación de predios superficiales para conducir por ductos o cañerías aguas de mar desaladas desde planta desalinizadora hasta el establecimiento de beneficio deben constituirse bajo la normativa del Código Civil y no del Código de Minería.
