El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la Municipalidad de Santiago al poner fin a los permisos de comercio en vía pública otorgados a los recurrentes, para que se instalaran en las calles Bascuñán Guerrero y Salvador Sanfuentes.
La organización lanzó una nueva campaña para presionar a cinco países (Bielorrusia, Ghana, Irán, Japón y Malasia) con el objetivo de que pongan fin a las condiciones inhumanas.
El Gobierno le asignó suma urgencia a la tramitación del proyecto que establece el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
La propuesta modifica la Ley sobre Bases Generales del Medioambiente, para exigir la elaboración de un estudio de impacto ambiental a los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en determinadas zonas.
El texto asigna responsabilidades a ministros involucrados en el diseño y en la implementación del sistema, así como a organismos como la Comisión Integra, por omisiones en su actuar.
La iniciativa permite que los secretarios abogados titulares que se desempeñan en estas instancias judiciales, sean incluidos en las ternas que se presentan para proveer el cargo de juez en dichos tribunales.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal del plantel al no entregar el título a la recurrente, quien cumplió con todos los requisitos para su obtención.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, que ordenó al municipio pagar a la víctima la suma de $1.500.000 por concepto de lucro cesante, y $15.000.000 por daño moral.
Documente y mantenga operativo y actualizado un plan de back-up (respaldo o copia de seguridad) de sus datos e información.
Los recurrentes estiman vulneradas las garantías constitucionales del derecho a la integridad física y psíquica y la protección a la honra de la persona.
