El requirente estima que se le impide incluir prueba crucial para la resolución del asunto, vulnerando sus garantías constitucionales.
El tribunal estableció que, sin perjuicio de no contar con la cobertura directa del recurso de protección, el derecho a la educación no puede desconocerse, más si en el caso va enlazado al derecho de igualdad ante la ley.
La Ley N°19.664 y su reglamento, regulan las obligaciones del becario y las sanciones por su incumplimiento, de forma que la imposición de las mismas por parte del Servicio de Salud de Magallanes fue hecha dentro del marco de su potestad legal.
La iniciativa modifica la ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar, para incorporar una nueva medida de protección accesoria actualizando la aplicación práctica de la normativa a estos tiempos en cuanto al hostigamiento virtual que sufren las víctimas por parte de sus agresores.
Daniel Mendoza, director de Matarife, atribuyó al ex mandatario conductas de gran condena social que socavaron su prestigio ante la opinión pública en forma desproporcionada e injustificada.
La medida es facultad del Presidente de la República, previa propuesta del Director General de Carabineros, según dispone la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Además, en base a los antecedentes presentados, tal decisión se encontraba debidamente justificada.
Resoluciones que declararon la salud irrecuperable y la baja del servicio, se fundaron en un informe emitido por un superior que ejerció ilegalmente la profesión de médico psiquiatra. No obstante, la acción de nulidad de derecho público no puede prosperar al haber cambiado la calidad jurídica del actor y no existir norma que revierta la baja permanente.
Sugiere considerar su solución en el plan «copago cero» impulsado por el gobierno.
El demandado posee la propiedad hace 40 años y ha invocado para su ocupación contratos celebrados con los demandantes, así como la existencia de un procedimiento de regularización al amparo del DL N°2695.
Se desestimaron los argumentos de miembros de la Guardia Civil condenados por abuso de autoridad, al no existir error en la apreciación de la prueba ni vulneración de la presunción de inocencia.
