La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó una serie de recursos de protección presentados por vecinos de la comuna de San Bernardo.
El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el inciso 2° del artículo 277 del Código Procesal, referido a la apelación del auto de apertura del juicio oral por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por el delito de amenazas seguido […]
Ante la aparición de nuevos antecedentes, el Ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, Jaime Solís Pino, decretó la reapertura del sumario del denominado “caso Matute Johns”, cerrado desde 2010.
Se dedujo recurso de queja en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago don Juan Cristóbal Mera Muñoz, doña Marisol Rojas Moya y del Abogado Integrante don Bernardo Lara Berríos, por haberse dictado con grave falta o abuso la sentencia de 22 de noviembre de 2012 .
En su resolución, adujo la Magistratura Constitucional que tales instituciones, organizaciones y académicos podrán efectuar sus presentaciones e ingresarlas en la Secretaría del Tribunal a más tardar el martes 14 de enero de 2014, hasta las 14.00 horas.
La ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Liliana Mera, dictó auto de procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Luis Esteban Toro Veloso.
El proyecto de ley, iniciado por moción del senador Alejandro Navarro expone que “ya es interés común el perfeccionar la ley penal, así como las procesales, cuya novedad ha hecho necesarias varias reformas para ajustar la ley a la realidad”.
El reclamo se fundó en que la solicitud de información adolece de varios defectos formales que la harían improcedente y por cuanto la información ordenada entregar es de aquellas que la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) publicó el informe titulado “Modernización Electoral: Funciones y Capacidades Institucionales del SERVEL”.
El fallo declaró la responsabilidad de los ex integrantes del Ejército, condenándolos a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y las accesorias correspondientes, sin derecho a beneficios, en su calidad de coautores de los delitos reiterados de homicidio calificado.
