La Tercera Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario y discriminatorio de las aseguradoras al denegar la cobertura por la condición de salud del recurrente, trasplantado renal, que haría inviable la concesión del seguro solicitado.
El suicidio puede considerarse como accidente de trabajo cuando queda probado que la situación emocional determinante de esta decisión se encuentra directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador que adopta tan drástica medida, fruto de la angustia y tensión que su vida laboral le produce.
En este caso el SERVEL carece de atribuciones y el CNTV debe archivar las denuncias por la falta de responsabilidad de los emisores en el contenido de las franjas. Sin embargo, el Contralor aconseja al CNTV orientar en el uso de la franja electoral -resguardando a la democracia, pluralidad, dignidad y otros valores-, en vista a su facultad de velar por el correcto funcionamiento de las difusiones televisivas.
En el supuesto de que se mantengan las divergencias en relación a las estipulaciones de un contrato colectivo estas no podrán ser dilucidadas en sede administrativa y debe recurrirse a los Tribunales especializados en materia laboral para la resolución de la controversia
Condena en costas es una materia que no forma parte de la sentencia. Solo la sentencia definitiva se puede recurrir de apelación.
La Corte establece que “tratándose de las expresiones vertidas en el ejercicio del poder de representación asociado a la libertad sindical, los límites están dados por una eventual afectación a la honra, el prestigio o el funcionamiento de la empresa en que prestan sus servicios los trabajadores”.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, al negarse a otorgar el bono a que tiene derecho el recurrente, bajo el argumento de que, al haber cotizado en forma paralela en el sistema de AFP, sería improcedente la bonificación, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el dictamen 2741 de 2020.
No se advierte la vulneración al debido proceso que sostiene el municipio requirente, desde que los elementos que configuran esta garantía han estado presentes en igualdad de condiciones para ambas partes, sin que se aprecien diferenciaciones que pongan en entredicho la observancia del mandato del artículo 19 N° 3 inciso sexto constitucional.
La nulidad o enmienda podría afectar derechos de terceros, por lo que no es posible que, a través de la acción cautelar, que es de tramitación breve, concentrada y sumaria, se pueda obtener la declaración perseguida por la recurrente. Para ello es necesario acudir a un procedimiento de lato conocimiento.
Más allá de que se trate de una facultad discrecional de la Administración, en el caso concreto, tal ejercicio además consideró cuestiones de competencias y aptitud para el desarrollo de las funciones encomendadas.
