El demandante solicitó la nulidad de una concesión minera que se superpone sobre los terrenos de su yacimiento, no obstante, la acción fue notificada después de cuatro años de la publicación del extracto exigido por el artículo 90 del Código de Minería, por lo que el tribunal hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

La empresa se expone a clausura y a multas de más de $26.200 millones de pesos.

Manifestó su preocupación por el contenido del proyecto de ley que endurece la legislación en materia migratoria, el cual permite la reconducción de inmigrantes a terceros países, a través de procedimientos sumarios.

Desde el punto de vista institucional y operativo, los Estados Parte al Acuerdo de Escazú y la CEPAL no han escatimado en sus esfuerzos: la breve reseña de actividades y documentos elaborados en el 2022 son tan solo una pequeña muestra de su compromiso con la democracia ambiental que se pretende consolidar a través de la implementación del Acuerdo de Escazú. Cabe precisar que una primera Conferencia de las Partes (COP1) se realizó en Santiago de Chile en abril del 2022, la cual será seguida por una segunda COP en el 2024 también a celebrarse en la capital chilena, mientras que una importante reunión preparatoria tendrá lugar en Argentina en abril del 2023.

¿Las relaciones no monogámicas generan efectos negativos que afectan los derechos humanos de las mujeres y la niñez?

Tal decisión la hace inhábil para participar y formar parte de la Directiva de la Administración. Lo anterior, pues se certificó en sede cautelar la existencia de la deuda.

Las pruebas contra los dos demandantes fueron producidas en audiencia pública, en su presencia y de sus representantes, y tuvieron la oportunidad de participar en el contrainterrogatorio de esos testigos. La defensa también tuvo la oportunidad ilimitada de presentar su propia versión de los hechos y las pruebas pertinentes.

Esta exigencia rige también en otros tribunales, tales como, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en primera instancia en el Tribunal General (TGUE) y la Corte Suprema de los Estados Unidos.

No existe una disposición en los estatutos o reglamentos del Colegio de Profesores que faculten a su presidente a suspender a los directores regionales mientras una filial permanece intervenida. Además, el líder gremial adoptó la medida sin el consentimiento de los restantes miembros de la directiva nacional.

La requirente estima que la facultad del acreedor de poder adjudicarse el bien embargado con una importante rebaja del valor de éste, afecta de manera desproporcionada y arbitraria su patrimonio.