La Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género retomó el estudio en particular de la moción que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación.
El principio de transparencia de la función pública obliga sin distinción a todos los órganos públicos y exige de éstos que den a conocer sus actos y fundamentos, dado que aquello también se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.
En su libelo el recurrente no hace mención a hechos que puedan constituir una afectación a las garantías amparadas por la acción de protección.
La decisión del Tribunal Supremo del partido no puede ser controvertida por la acción de protección que no resulta ser la vía idónea para este debate.
El Congreso Nacional detenta la autonomía y facultad privativa para dictar sus propias normas reglamentarias que regulen su organización y funcionamiento interno.
La entrega de estos datos no implica una afectación a la seguridad del Estado o seguridad de las personas, y tampoco puede ser catalogada de peligrosa para el funcionamiento de esta rama de las fuerzas armadas.
La defensa sólo plantea discrepancias con la conclusión a que arriban los jueces, conforme la justificación de su razonamiento, y que contiene similares argumentos a los de su teoría del caso.
La pena de prisión no va contribuir en el comportamiento del acusado y le va generar perjuicios en varios ámbitos de su vida.
El libelo no describen hechos que afecten garantías constitucionales amparadas mediante el recurso de protección.
Incluye modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a otras leyes, para garantizar un trato digno y resguardar la vida, la integridad física y la indemnidad sexual de las víctimas.
