El máximo Tribunal sostuvo que el municipio no puede invocar el principio de juridicidad que le asiste como órgano de la administración, reconocido en los artículos 6 y 7 de la Constitución, para mantener en la precariedad laboral a sus funcionarios, en especial, cuando en atención al principio “primacía de la realidad” existen elementos de subordinación y dependencia.

El servicio puede aplicar en su labor interpretativa todos los elementos del derecho que estime procedentes, como el espíritu o finalidad del legislador, según la materia de que se trate y de las particularidades del caso.

No cabe apreciar enriquecimiento injusto cuando el beneficio patrimonial de una de las partes es consecuencia de pactos libremente asumidos. Para considerar un enriquecimiento como ilícito e improcedente el mismo debe carecer absolutamente de toda razón jurídica, que no concurra justa causa, entendiéndose por tal una situación que autorice el beneficio obtenido, sea porque existe una norma que lo legitima, sea porque ha mediado un negocio jurídico válido y eficaz.

Las autoridades tienen el deber constitucional y legal de adoptar, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ajustes razonables que garanticen que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Estos ajustes hacen parte del modelo social de discapacidad previsto por la Constitución.

El recurrente acusó que no operó la caducidad de la acción en su caso, pues interpuso dos reclamos administrativos ante la Inspección del Trabajo, y la magistratura debió considerar la fecha del último de ellos para computar el plazo. No obstante, el máximo Tribunal observó que el actor presentó la demanda en el día 91 luego del despido, excediendo el plazo de 90 días establecido en el inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo.

La existencia del dolo o fraude la debe probar el asegurador de manera amplia, plena y satisfactoria, extremos no configurados en este proceso. Para que se configure la situación prevista en el artículo 48 de la Ley de Seguros es necesario comprobar la exageración fraudulenta del daño, es decir, dolosa y con el propósito de obtener una indemnización superior al daño realmente sufrido.

La iniciativa, despachada a ley, fortalece la instrucción de los gendarmes, mejora las mallas curriculares y profesionaliza la actividad de las y los funcionarios.

La Sala de la Cámara aprobó en tercer trámite un proyecto originado por diputadas y diputados que permite incorporar a este pueblo dentro del listado de etnias que el Estado reconoce.

En sus alegaciones finales, la abogada demandante, Paulin Silva, hizo alusión a la responsabilidad del Estado y a la falta de políticas públicas. Dijo que “no es normal convivir con vertederos ilegales, no es normal convivir con incendios, ni con basura en la calle” y aseguró que los hechos demandados “son la punta del iceberg”.

El tribunal dio por acreditado, que aproximadamente a las 21 horas del 22 de noviembre de 2019, en la comuna de La Serena, funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales, con ocasión de manifestaciones sociales que se verificaban a esa hora, junto con otros tres funcionarios no identificados, detuvieron a la víctima, un menor de 13 años de edad, a quien agredieron con golpes de luma en el rostro y cuerpo y, luego, trasladaron en calidad de detenido a la Primera Comisaría de la comuna.