Se dedujo acción de protección en contra de un comité de vivienda y de una entidad de gestión inmobiliaria social, por parte de un grupo de particulares, a fin de que se declare ilegal y arbitrario, el hecho consistente en la aplicación de la sanción de exclusión; todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del derecho de asociación y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra del dueño de un restaurante, por parte de una familia determinada, a fin de que se declare ilegal y arbitrario, el hecho consistente en la ejecución de una pista de aceleración que obstruiría el acceso y salida vehicular a su propiedad, que es también su hogar, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la integridad física y psíquica, del derecho a la propiedad y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra del Hospital Barros Luco Trudeau y del Consultorio Nº 5, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur, por parte de un particular, a fin de que se declare ilegal y arbitrario, el hecho consistente en la negativa de estos centros asistenciales a prestar los servicios de urgencia por haber sido herido gravemente en el antebrazo con un arma corto-punzante, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley y del derecho de protección de la salud.

En días pasados, se realizó el coloquio «Elecciones primarias: ¿Contribuyen al fortalecimiento de la democracia?, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor (CECAUM).

Se interpuso recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que, confirmando la de primera instancia, acogió una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio condenando al Fisco de Chile, el Servicio de Salud de Iquique y el Hospital Regional de dicha ciudad a pagar solidariamente la suma de $180.000.0000 a los actores, por concepto de daño moral.

Se dedujo acción de protección en contra de Isapre Banmédica, a fin de que se declare ilegal y arbitraria, la decisión de la institución privada de salud en cuanto a rechazar la cobertura adicional de enfermedades catastróficas respecto del padre del recurrente, al exigirle trasladarse a un hospital de Santiago como requisito para otorgarle dicha cobertura, conculca el derecho a la vida y el derecho de propiedad de su padre

La Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado, deberá analizar más de sesenta indicaciones a la iniciativa del Ejecutivo que regula la probidad en la función pública y establece el fideicomiso, esto luego de ser aprobada en general por la Cámara Alta.
Cabe señalar, que las indicaciones fueron incorporadas principalmente por los senadores Larraín, Allende, Frei Ruiz- Tagle y Bianchi; y otras presentadas por el Ejecutivo.

Se solicitó al Contralor General de la República – por parte de una ex funcionaria del Consejo de Defensa del Estado – dejar sin efecto la renovación de su contrata dispuesta hasta el 30 de marzo de 2013 y en su lugar sea dictado un acto que la prolongue hasta el 31 de diciembre de esa anualidad

En días pasados, el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, presentó el análisis –a cuatro años de su funcionamiento- de la Ley N° 20.348, que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones (entre hombres y mujeres), y que tiene además como principal objetivo, otorgar tutela jurídica al principio de no discriminación en materia laboral en este aspecto.

El proyecto de ley, iniciado por moción, de los diputados Aguiló, Baltolu, Gutiérrez, Jiménez y Vidal, expone que “si bien el Estado de Chile ha reconocido a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, éste no ha reconocido expresamente a las víctimas de desaparición forzada”. Agrega que lo anterior, quedó en evidencia, tras la última elección municipal llevada a cabo en el año 2012, en que aparecieron los nombres de víctimas detenidas desaparecidas en los listados del Servicio Electoral, lo que se traduce en una “falta de justicia”.