“(1) Regular la inclusión de factores socio-económicos al momento de determinar los cortes de suministro. (2) Ampliar el plazo de aviso de corte. (3) Legislar para que las empresas acepten pagos parciales de las cuentas, hasta un punto razonable. (4) Garantizar un servicio continuo mínimo”.

“fluye que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia, esto es, de los Juzgados del Trabajo. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos del trabajo”,

“las personas puedan cerciorarse efectivamente de quienes son los infractores a la ley afectando estos bienes jurídicos y así evitar la reincidencia de los mismos”.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.La primera de las normas impugnadas dispone: “Los terceros que formulen oposición a la solicitud […]

“cualquier conducta reñida con el ordenamiento jurídico por parte de alguna autoridad, dentro de las que se cuentan las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que sea constitutiva de delito o sobrepase las normas dentro de las que debe consignar su actuar, conforme dispone el Código de Justicia Militar serán conocidas por la Justicia Militar, debiendo llevar a cabo un procedimiento que garantice al perjudicado una investigación imparcial tendiente a sancionar la conducta impropia que le hubiere ocasionado el detrimento denunciado”.

“el constituyente aleatoriamente estableció que el número de diputados patrocinantes debía ser 10” y el de “los senadores lo dejó exactamente en la mitad, teniendo presente que esa rama del Congreso poseía un número menor de integrantes”, considerando además la eliminación de los “denominados senadores designados o institucionales”.

la concurrencia de ese interés público se deriva, ante todo, del hecho de que se trata del primer recurso de amparo en el que se enjuicia desde la óptica del derecho fundamental a la libertad personal, un caso de internamiento psiquiátrico urgente, con las peculiaridades que éste presenta en nuestro ordenamiento al acordarse ab initio sin control judicial, conforme luego veremos. Y en segundo lugar, en razón a que el colectivo al que afecta esta medida es con alguna frecuencia el de las personas

“prevenga situaciones de vulnerabilidad para los pequeños inversionistas por actuaciones de los intermediadores de valores”

“si un imputado o formalizado por delitos de acción sexual contra menores representa o no un peligro para la seguridad de la sociedad”

“ninguna candidatura a Presidente de la República, Senador, Diputado, Alcalde o Concejal podrá sobrepasar, por concepto de gastos electorales, los limites que se indican”