El proyecto del Ejecutivo expone que “durante los últimos años la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y las instituciones públicas ha ido disminuyendo de manera sistemática”, frente a tal escenario se han impulsado proyectos “para modernizar y perfeccionar nuestro sistema político y nuestra democracia, basándonos en principios básicos como son la participación y la transparencia”.

Se recurrió de protección en contra de un juez civil de Linares, donde se sigue juicio sobre desposeimiento ejecutivo

Se solicitó emitir un pronunciamiento al Tribunal Calificador de Elecciones de Valparaíso, respecto a la calificación de la elección de directorio de la Asociación Gremial de Empresarios Dueños de Taxis Colectivos, respecto al periodo comprendido entre los años 2013 a 2015

Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, los artículos 257 inciso 1° y 370 del Código Procesal Penal

A raíz de la discusión que, desde hace más de un año, se está llevando a cabo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, el Instituto Libertad y Desarrollo se pronunció sobre el proyecto de ley que establece el Código Procesal Civil, que reemplaza al actual código que data de 1903.

Entre las distintas atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, el artículo 52, N° 1, letra b), de la Carta Fundamental, faculta a los diputados a citar a un Ministro de Estado con el objeto de formularle preguntas relativas a su cartera, siendo su asistencia obligatoria y con la limitación de no poder ser citado más de tres veces dentro de un año calendario

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de un particular- ante el incumplimiento de la sentencia dictada por la Superintendencia de Salud en juicio arbitral, que ordenó al Fondo Nacional de Salud “pagar las prestaciones requeridas por el beneficiario en una Clínica, entre los días 29 y 31 de diciembre de 2010, para su estabilización, y las del período post estabilización, entre los días 1 y 3 de enero de 2011”.

El proyecto de ley, iniciado por moción de los senadores Girardi, Lagos, Quintana y Tuma, reprocha la colusión en los mercados al ser un fenómeno tan nocivo para la libre competencia, y por ende para los consumidores, como tentador para quienes venden productos o prestan servicios, en mercados con pocos oferentes.

Se solicitó a la Contraloría General de la República ejercer el control preventivo de juridicidad respecto de una resolución emanada del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que aprueba las modificaciones a un contrato de obra.

Se dedujo recurso de protección en contra del Alcalde de Los Sauces y del Director Nacional de Instituto de Desarrollo Agropecuario, por haber puesto término a contrato de prestación de servicios profesionales, que se enmarca en el programa de Desarrollo Territorial Indígena para la comuna de Los Sauces.