La sentencia desechó, una a una, las alegaciones a través de las cuales la industria automotriz chilena buscaba dejar sin efecto el Decreto Supremo N°8 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a neumáticos.
Busca la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas.
Del mérito de los antecedentes, consta que los menores abandonaron el país con destino a Estados Unidos, no registrando a esta data ingreso al país.
Habiendo concedido anteriormente la certificación de estudios, el actuar del Ministerio daña la confianza legítima el cual descansa en la certidumbre de que la autoridad, actúa conforme a derecho y que no yerra.
El domicilio procesal constituido subsistirá hasta tanto se constituya uno nuevo.
Los requirentes alegan que se pretende asimilar la calidad del sujeto activo en el delito de Fraude al Fisco a quienes no tienen la calidad de funcionario público, lo que vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley.
La Tercera Sala del máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, al confirmar la de primer grado que desconoció el uso consuetudinario que la comunidad recurrente le ha dado al arroyo “Quebrada Las Máquinas”, como abrevadero para su ganado trashumante.
Los ciudadanos deben asumir cargas inherentes y razonables, por ejemplo, ejerciendo el rol de cuidador cuando corresponda, en virtud del principio de solidaridad que sostiene el Estado Social. Al respecto, se ha señalado que ello es necesario para garantizar la prevalencia del interés general y hacer un uso adecuado y racional de los recursos destinados a la seguridad social en salud.
El proyecto, iniciado en un mensaje del Ejecutivo, que busca sancionar como falta el porte injustificado de sustancias inflamables, fue objeto de una serie de modificaciones.
La requirente alegó que se vulnera la autonomía municipal al obligársele por el juez a reincorporar a un funcionario a contrata y que tal prerrogativa no le ha sido conferida expresamente a los tribunales de justicia.
