La Convención se encontraba habilitada para suscribir acuerdos con entidades públicas, con la finalidad exclusiva de que se permitiera facilitar sus actividades de participación ciudadana.
No es posible aceptar como justificación que el registro no genera antecedentes policiales, pues en la práctica está claro que su acceso, indebido o no, genera efectos negativos o perjuicios más que evidentes a quienes ven perjudicadas sus expectativas laborales por el solo hecho de figurar en el mismo a razón de valoraciones o estigmatizaciones de tipo social.
Para establecer el cumplimiento defectuoso de una sentencia, deben configurarse dos elementos: i) retardo en el cumplimiento; y, ii) falta de justificación para el retardo. Ambos elementos se han verificado en el caso concreto.
La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos, situación que continúa erosionando las reglas democráticas. En una sociedad democrática los derechos y libertades de las personas, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada completa que adquiere sentido en función de los otros.
En la especie, se homologó el contrato de franquicia a las normas de la subcontratación, por lo que la empresa franquiciante es responsable por las remuneraciones y cotizaciones previsionales impagas de los trabajadores contratados por la empresa franquiciada.
Consideró que los hechos en que se desenvolvió la relación laboral entre un docente y el Instituto Profesional donde era contratado a inicios de cada año para hacer clases, acreditaba la existencia de la relación laboral de carácter indefinido.
Las publicaciones no sólo amenazan y difaman a ciudadanos y funcionarios públicos inocentes, sino que también atentan contra la seguridad y el orden público, alegó el Municipio.
El tribunal ha fijado la pena concreta dentro de los límites del grado al que llegó, por la concurrencia de la atenuante de responsabilidad penal y tras haber justificado el quantum específico en la mayor extensión del mal causado.
En la medida que se respete el orden de prelación establecido en el artículo 17 de la Ley 19.465.
El acusado fue identificado por un testigo que aportó el apodo a la policía quien ya tenía antecedentes de su identidad por delitos previos. El máximo Tribunal desestimó además el argumento de la unidad jurídica de acción respecto al porte de armas y municiones al poseer más de 90 cartuchos compatibles para las armas incautadas.
