El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes el fallo de primera instancia que desestimó la demanda.

El máximo Tribunal descartó infracción en el resolución ataca, dictada por Tribunal de Propiedad Industrial, que ratificó la de primer grado que rechazó el registro.

El máximo Tribunal consideró que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, incurrió en vicio ultra petita, al aumentar el monto de indemnización por daño moral, sin que lo haya solicitado la demandante.

El abogado defensor explicó que el máximo Tribunal tomó esta decisión porque “se detectó una vulneración del principio de congruencia y particularmente, en un hecho esencial del delito de torturas (…) Y llega al convencimiento que la sentencia y el juicio fueron nulos, porque se condenó a esta persona dándole por establecida una intencionalidad que no era materia del delito”.

Avanzó en las propuestas referidas a entidades como Banco Central, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación deducido por el abogado querellante en contra de la resolución , dictada por el Juzgado de Garantía de Los Andes, que decretó el sobreseimiento definitivo.

El autor explica en qué se diferencian las recientes decisiones de la CPI sobre los casos de Colombia y Venezuela, y qué tienen en común.

El requirente estima que no existe justificación razonable para impedirle terminar con el proceso, lo que vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

El acuerdo entre las partes ocurre con anterioridad a la firma del finiquito.

Alega el recurrente que la conducta del Consejo constituye una actuación ilegal y arbitraria al interpretar de manera extensiva y abusiva el tipo sancionatorio contenido en el artículo 45 de la LAIP.