«se incurre en un error de derecho al acoger la excepción de nulidad de la obligación, por cuanto al realizar la sociedad ejecutada actividades gravadas con patente municipal debió haberse rechazado dicha excepción».

“Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias.”.

«examinadas las actas de sesiones, se verifica que las objeciones de constitucionalidad manifestadas en el curso de los debates no se refieren a las normas sometidas a control preventivo de constitucionalidad señaladas en el considerando pertinente de la sentencia y que, en cambio, sí se refieren a los asuntos ventilados en los procesos roles N°s 2386, 2387 y 2388 de esta Magistratura, motivo por el cual no corresponde que sean resueltas en este fallo».

el criterio administrativo original para distinguir a extranjeros transeúntes, que no pueden optar a la nacionalidad chilena de conformidad al artículo 10 N° 1 de la Constitución, de los que no lo son, ha sido modificado, “dejándose de considerar la permanencia continuada igual o superior a un año y prefiriéndose, en cambio, como elemento principal, el de la residencia”.

«el principio de realización de la actividad minera da un perfil más concreto a la función social de la propiedad minera, en la misma Constitución y no en la legislación como ocurre con los otros tipos de dominio, lo cual se refleja en el procedimiento judicial para la constitución de las concesiones mineras, otorgándole características especiales que apuntan a su celeridad y pronta conclusión».

“la obligación que se cobra es una obligación legal, vale decir, que tiene su fuente directa en la ley, y cuyo sujeto pasivo o deudor es el propietario de las instalaciones, quien queda sujeto a la prestación de ejecutar las obras de traslado; mientras que el acreedor es el Ministerio de Obras Públicas como órgano de la Administración del Estado que, a través de la Dirección de Vialidad, tiene competencia sobre los caminos públicos. En el caso de autos, pese al hecho que Chilesat S.A. era la única obligada legalmente a soportar el costo de los trabajos, éste lo asumió el Fisco, de manera que tiene derecho a que se le restituyan los dineros desembolsados en detrimento del patrimonio fiscal”.

«se requiere del quorum de dos tercios de los senadores presentes en la Sala para reponer un proyecto de reforma constitucional, que fuere rechazado por la otra Cámara».

«resulta irrelevante que sea de responsabilidad del Serviu la reparación de las aceras y de la red primaria y secundaria de los sistemas de evacuación y drenajes de aguas lluvias, desde que de acuerdo al artículo 174 antes citado el municipio es responsable de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia de la falta o inadecuada señalización del mal estado de las vías, cuyo es el caso de autos”.

«es dable concluir que las remuneraciones del funcionario se encuentran en suspenso, y que será la resolución que ponga fin al sumario administrativo la que determinará si el carabinero es reincorporado a las filas, caso en el cual se devengarán, en su beneficio, las remuneraciones por el periodo en el cual estuvo alejado de sus funciones o, por el contrario, quedará ratificada la sanción impuesta, en cuyo caso los efectos de la primera resolución que decreta la baja con efectos inmediatos serán definitivos.”

“este no es un sistema de salud”, sino que “es un simple sistema de riesgos de seguros financieros concentrados, con contratos leoninos y protegidos por una norma que no hemos podido cambiar”.