Quienes incurren en infracciones graves al citado principio de probidad administrativa, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección deducido ante la Corte de Arica.
Una condena superior a 30 años sería «inhumana, por privar de la oportunidad reinsertadora».
El CPLT concluyó desestimando la causal de reserva invocada para denegar la entrega de la información pedida.
La gestión pendiente incide en un recurso de reclamación deducido ante la Corte de Temuco contra la resolución de la SEC de La Araucanía que impuso una multa a la recurrente.
Entrará en vigencia una vez transcurridos 30 días desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Se concluye declarando que el contenido del correo electrónico enviado por el recurrente está amparado por el derecho a la libertad de expresión.
Con ello se reemplaza el actual título tercero del libro segundo del Código Penal definiéndolo como «de la desaparición forzada de personas, la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por los funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución”.
En el Derecho Constitucional panameño existe la doctrina denominada la Pirámide de Kelsen, la cual expresa que la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en el fallo que acogió la demanda por despido injustificado de funcionario de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera.
