Atendido que los alumnos no tienen clases presenciales por la pandemia.
En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no existe una gestión judicial pendiente.
Los cargos se sustentan en el deficiente manejo operacional del recinto, lo que podría generar un posible daño al medio ambiente y a la salud de las personas.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Brahm y del Ministro García, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento en virtud de la causal del artículo 84 N° 5 de la LOCTC.
Busca prohibir el uso de balines, perdigones, bombas lacrimógenas y armas sonoras.
En específico, se impugna una resolución que modificó la sentencia anulatoria, en lo relativo a la integración de la Directiva provisoria de la organización.
Las reclamaciones fueron rechazadas, porque, en definitiva, los reclamantes carecían de acción para recurrir ante el Tribunal Ambiental.
«El proyecto persigue la adopción de medidas de emergencia que le permitan al Poder Judicial contar con herramientas para enfrentar la carga laboral generada producto del retraso y las suspensiones vinculadas con la pandemia mundial del COVID-19», plantea el informe.
Requerimiento carece de fundamento plausible.
El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, al establecer el actuar ilegal y arbitrario de la isapre recurrida.
