El recurrente tiene derecho a conocer la orden incautación de la que emana la diligencia y, en cualquier caso, a conocer y recibir copia de ésta, si la solicitare.
La decisión impugnada al ser adoptada sin la debida fundamentación, ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
La limitación al ejercicio del derecho a sufragio contenida en el artículo 16 Nº2 no es una consecuencia jurídica automática asociada al hecho de haberse dictado una acusación en contra del imputado y debe interpretarse de manera restringida.
Las normas impugnadas no tienen rango legal.
El mantenimiento de la campaña de vacunación lleva aparejados efectos indudablemente más favorables para la protección de la salud pública, que las consecuencias que cabría esperar de la medida formalmente deducida por la actora.
Las controversias relativas al contenido del contrato deben ser discutidas en un juicio de lato conocimiento.
La Corte consideró necesario intervenir a fin de permitir salvaguardar los derechos de la comunidad y garantizar la pervivencia de la misma.
Los partidos políticos tienen cinco días desde la publicación de las resoluciones para impugnar la decisión del SERVEL ante el TRICEL.
La resolución es vinculante para todo el poder judicial mexicano.
Atendida la naturaleza cautelar de la acción de protección, esta no es la vía idónea para resolver sobre los derechos que se estiman conculcados por el actor, toda vez que éstos no se vislumbran como indubitados.
