“un derecho que asiste a toda persona a solicitar administrativamente y judicialmente la exhibición de registros o bases de datos -públicos o privados- en los cuales estén incluidos los datos personales o de su familia, para tomar conocimiento de su exactitud, solicitar su rectificación, superación, complementarlos o solicitar su reserva”.

“que la discriminación de que afirma la recurrente haber sido víctima a raíz de los sucesos acaecidos en Haití”, se fundamenta “únicamente en apreciaciones de carácter subjetivo de la actora, no corroboradas por ningún antecedente serio y válido”, por lo que resultan del todo “ineficaces para los fines propios del recurso”.

La coordinadora del proyecto precisó que el texto “facilitará tanto el estudio como el trabajo de los distintos actores del sistema penitenciario”.

A esta obligación también se encontrarán sometidos los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y alcaldes, quienes deberán cumplir esta norma en dos escenarios: cuando sus valores se vinculen con entidades privadas sujetas a fiscalización o control de sus organismos, o cuando se vinculen directamente con su ámbito de competencia.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prosigue el estudio del proyecto de ley, iniciado por mensaje, que crea los Tribunales Ambientales.La iniciativa será objeto de una serie de modificaciones ya concordadas con el Ejecutivo, según lo señaló el diputado Felipe Harboe. No es posible que este proyecto avance muy rápido, informó, considerando […]

«establece la obligación de asistencia a programas de rehabilitación por consumo problemático de drogas y alcohol; y un sistema de monitoreo telemático, como forma de control del cumplimiento de la reclusión domiciliaria y de la libertad vigilada intensiva, en los casos de condenados por delitos de violencia intrafamiliar o por delitos sexuales, y en el caso de régimen de pena mixta».

En días pasados la Cámara de Diputados -en sesión especial celebrada al efecto- aprobó un proyecto de acuerdo de los diputados Carmona, Chahín, Díaz, Harboe, Montes, Núñez, Ortíz, Pascal, Vallespín y Vargas, mediante el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a las entidades estatales encargadas de supervigilar a las entidades públicas […]

Así, que entre la primera votación y segunda vuelta para elegir Presidente de la República no haya un plazo superior a las cuatro semanas, «de modo de no dilatar excesivamente las campañas electorales e impedir que las elecciones coincidan con las fiestas de fin de año».

La gestión pendiente invocada está constituida por cinco recursos de nulidad que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante los cuales se impugnan una serie de sentencias definitivas dictadas por un Juzgado de Letras del Trabajo de dicha ciudad.

(…)debe aplicarse “plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5º de la Ley de Transparencia, pues como afirma el propio artículo 21 ? 1 b), los fundamentos de las decisiones son «públicos una vez que sean adoptadas».