El precepto legal impugnado dispone: “La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transportes de pasajeros y del que se desempeñe a bordo de ferrocarriles, será de ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva […]

“que consignada la inexistencia de una transgresión a las leyes que rigen la prueba, se revela que la alegación esencial del recurso, esto es, la falta de aplicación del estatuto de la responsabilidad extracontractual basada en la falta de servicio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear en su carácter de órgano de la Administración del Estado, al negarse a incorporar al actor a su planta, pugna con los hechos asentados por los jueces».

la RAE, ha sido la principal detractora de la utilización del lenguaje de género, fundamentando que “este lenguaje quita claridad y elegancia a los textos normativos, propugnando la utilización genérica del denominado género no marcado, es decir del género masculino”.

«no cabe duda que en la tradición constitucional occidental, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, se originaron primero en relación a la libertad de prensa y, ulteriormente, fue incluyendo otros medios de comunicación social, a medida que se desarrollaban tecnológicamente como soportes diversos de las opiniones e informaciones en flujo social, dentro del concepto genérico de libertad de expresión, que a su vez alcanza incluso a otras manifestaciones de las personas».

«se constituye la corporación Educacional Universidad del Mar, donde atendida su naturaleza jurídica, esta Contraloría General carece de atribuciones para pronunciarse respecto a la situación que se denuncia, toda vez que el control preventivo de juridicidad y supervisión que por mandato constitucional y legal realiza este Ente Fiscalizador, se circunscribe a los organismos de la Administración del Estado, lo que no acontece en la especie, con la referida casa de estudios superiores».

“no significan que el recurrido haya representado lo que determinadamente se le ha ordenado, sino que involucra la pretensión de aclarar el tenor de lo decretado, atendida la inconsistencia con los registros que por ley Gendarmería debe levantar” y que justifican dicha actuación.

la sentencia impugnada se limitó a seguir la tesis aceptada por el máximo tribunal, sin que el reclamante haya aportado argumentos que permitan desvirtuar tal convicción, toda vez que ha quedado demostrado que el giro de la reclamante “comprende la ejecución de actividades que importan la obtención de lucro o ganancia, es decir, se trata de actividades lucrativas y, por consiguiente, configuran un hecho gravado en el citado artículo 23” de la Ley de Rentas Municipales.

en la gestión judicial invocada, ya ha sido decretada la medida de apremio de arresto -en contra del Alcalde de la Municipalidad de La Ligua-, según lo permiten las disposiciones legales cuestionadas. De esta manera, lo que intenta impugnarse es la resolución judicial que ordenó el arresto de la autoridad aplicando esas disposiciones. Lo anterior queda de manifiesto si se atiende a lo expresado en el petitorio del libelo de autos, en el que se solicita a esta Magistratura que decrete «el cese inmediato del apremio de arresto ordenado contra el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua…»

“el plazo para deducir la reclamación se interrumpió con la interposición del recurso de reconsideración y sólo comenzó a correr nuevamente una vez que fue notificada la resolución que lo rechazó”, por lo que no debió haberse acogido la excepción de caducidad de la reclamación.

«el principio de probidad administrativa tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley, lo que ha sido reafirmado por la jurisprudencia de esta Contraloría General en los dictámenes N°s. 20.063, de 2004; 34.935, de 2011, y 25.336, de 2012, y en particular mediante el oficio N° 68.808, de 2011, en donde se le señaló expresamente a esa autoridad tal circunstancia».