El máximo Tribunal desestimó la procedencia de la acción impetrada en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado, al no denunciar correctamente las supuestas infracciones a la normativa que rige la materia.

Se trata de una base única, con funcionalidades de búsqueda inteligente y fichas interactivas, que contiene toda la jurisprudencia del TDLC, desde su creación a la fecha, y todas las resoluciones finales de la FNE referentes al sistema de control de fusiones, que comenzó a regir desde 2017 en nuestro país.

El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente produce efectos contrarios a las normas y principios constitucionales.

No se puede desconocer el hecho bajo alegaciones de vulneración de derechos en la ejecución del sumario administrativo.

Al no prestar el servicio de manera correcta, errar en el diagnóstico y negar la hospitalización a la recurrente, ésta sostiene que la recurrida no cumplió con el mandato constitucional de protección a los derechos fundamentales de la paciente.

Las recurrentes dedujeron la acción por haberse iniciado la construcción en un territorio indígena y de interés turístico, supuesto que a su juicio requiere de una declaración o estudio de impacto ambiental.

Del texto del recurso aparece que la situación descrita constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución, en cuanto se alude a una presunta afectación a la libertad personal del amparado.

La requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.

La normativa exime de tal permiso a las edificaciones que se encuentran destinadas a la prestación de servicios sanitarios y son ejecutadas por el Estado.

El proyecto de ley busca aportar a la descentralización en la toma de decisiones, al entregar mayor capacidad a las regiones.