Detrás de la norma que tomó el nombre del entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública hubo un sistemático movimiento de mujeres, tales como, Isabel Le Brun y Antonia Tarragó quienes desde mediados del siglo XIX, lucharon para que sus alumnas pudieran acceder a la educación superior.
La Corte constató que en la normativa interna de la casa de estudios no existe la obligatoriedad de buscar pacientes y mucho menos la posibilidad de reprobar al estudiante por no lograr conseguirlos.
Si bien los recurrentes no tienen la calidad de funcionarios públicos, ello no los excluye del interés público que justifica darle mayor preeminencia a la libertad de expresión e información.
Resolución de la DOM de Quinta Normal y Decreto Alcadicio de edil de tal comuna no se ajustaron a Derecho.
No resulta la acción cautelar la vía idónea para tal efecto desde que excede las atribuciones jurisdiccionales.
La situación planteada en el recurso de protección se funda en hechos no admitidos por la recurrida, por lo que es necesario y se requiere de un proceso declarativo, no siendo la acción constitucional la vía para solucionar la pretensión del recurrente.
Tal decisión se encuentra en el ámbito de competencia del DGMN, en virtud de la Ley 17.798 y del Decreto Reglamentario N°83 del Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en el ejercicio de su potestad reglamentaria.
Regula las modificaciones del tratado a través de enmiendas y las cuestiones relativas a su adhesión y denuncia. En última instancia todos los Estados pueden ser parte del tratado, siempre y cuando los signatarios así lo decidan.
El acuerdo fue suscrito ante notario y acompañado a la causa, de manera que no concurren en la especie los presupuestos referidos en inciso 1° del artículo 14 de la Ley 14.908.
Es necesario determinar si el recurrente actuó como ciudadano o como empleado público cuando envió el video. Si actuó como particular, su discurso puede estar protegido por la Primera Enmienda. Si en cambio, actuó como empleado público, no se protege su expresión y se da por concluida la investigación.
