El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, que rechazó la demanda, tras establecer que el accidente se produjo por el actuar negligente del demandado, ordenando el pago de una indemnización total de $250.000.000.
El Tribunal de alzada estableció la procedencia de solicitar al país vecino la extradición del ciudadano chileno, atendido la gravedad del delito y la participación atribuida al requerido.
En el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El requirente alega que el precepto impugnado, al prescindir de los requisitos que deben contener las sentencias, que sí son exigidos en otros procedimientos, produce efectos inconstitucionales.
Al no haber demostrado la recurrente la concurrencia de los errores de derecho denunciados, el recurso en examen debe ser rechazado.
Los principios que inspiran y moldean el derecho penal se aplican en materia administrativa sancionatoria; ambas son manifestaciones del poder punitivo del Estado y como tales, participan de limitaciones y garantías similares.
El requirente alega que se ve imposibilitado de presentar prueba crucial en la gestión pendiente, dejándolo en indefensión.
Se busca otorgar diversas herramientas que permitan responder eficazmente a dicha problemática.
Además, que los vehículos utilizados en la comisión del ilícito sean incautados de conformidad a las reglas generales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 189 del Código Procesal Penal.
El pronunciamiento reconsidera la doctrina contenida en Dictamen N°3938/33 de 2018.
