La resolución que aprobó la Cámara plantea establecer un programa de acompañamiento para quienes egresen de centros dependientes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional de Menores.
El encuentro fue organizado por el Centro de Arbitraje Comercial Internacional de la American University Washington College of Law (AU WCL), el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).
El pronunciamiento recuerda las normas que aplican a los conflictos de interés entre funcionarios públicos y personas o empresas proveedoras del Estado, las inhabilidades para contratar, la Gestión de Contratos y los manuales de procedimiento.
De acuerdo a la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, el proyecto implicaría un incremento de 11 pesos por kw/h. El profesor Verdugo de la USACH asegura que una subasta de derechos financieros de transmisión podría ser una alternativa.
La sentencia desechó, una a una, las alegaciones a través de las cuales la industria automotriz chilena buscaba dejar sin efecto el Decreto Supremo N°8 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a neumáticos.
Busca la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas.
Del mérito de los antecedentes, consta que los menores abandonaron el país con destino a Estados Unidos, no registrando a esta data ingreso al país.
Habiendo concedido anteriormente la certificación de estudios, el actuar del Ministerio daña la confianza legítima el cual descansa en la certidumbre de que la autoridad, actúa conforme a derecho y que no yerra.
El domicilio procesal constituido subsistirá hasta tanto se constituya uno nuevo.
Los requirentes alegan que se pretende asimilar la calidad del sujeto activo en el delito de Fraude al Fisco a quienes no tienen la calidad de funcionario público, lo que vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley.
