Los recurrentes alegan que la ley incorpora en el currículo obligatorio una doctrina estatal cuyo objetivo es adoctrinar a los niños, niñas y adolescentes.
Ante la ausencia de regla sobre esta materia en la Ley 17.288, se debe acudir a las normas generales del derecho común dentro del ámbito civil, siendo aplicable la regla general de prescripción extintiva de cinco años.
La favorabilidad puede beneficiar a los procesados o a los sentenciados sin limitación alguna. Sostener lo contrario, constituiría una restricción ilegítima del debido proceso en la garantía de favorabilidad.
La actuación de la demandada se sujetó estrictamente a la ley, toda vez que disponía, hasta el año 2017, solamente de un cargo para las funciones que desempeñaba la actora, lo que descarta la falta de servicio alegada.
En el caso de Martha Zaire convergen múltiples factores de vulnerabilidad, al ser mujer, con discapacidad mental, víctima de violencia sexual reiterada, que vivió en situación de extrema pobreza y calle, además de las diferentes vulneraciones a sus derechos a la salud.
La internación de una persona debe estar debidamente justificada por la gravedad de su estado, y solo procede cuando la persona represente un peligro para sí o para terceros.
El proyecto finalizó su tramitación en el Congreso Nacional y el Ejecutivo anuncio que no usará la facultad de veto. El Tribunal Constitucional debe ejercer el control preventivo y obligatorio sobre las normas de rango orgánico constitucional antes de sea promulgado por el Presidente y publicado en el Diario Oficial.
El documento fue despachado el pasado 29 de septiembre por el pleno de la Convención.
El máximo Tribunal consideró que se justifica aplicar la sanción máxima que estipula la ley, por el daño irreparable ocasionado al patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad.
La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.
