«se encuentra consagrado a nivel Constitucional, específicamente en el artículo 19 N°3, y reforzado por el N° 26, así como también por el inciso 2° del artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, ordenando a los órganos del Estado a promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.»
“Deben ser necesariamente motivados para cumplir con la normativa de orden administrativa que le son aplicables y para no ser tachados de arbitrarios, injustos, parciales, y constituyen precisamente los fundamentos que se consignen en los vistos de la resolución los que legitimarán la decisión”
“La Dirección del Trabajo procedió a dictar la segunda resolución a que se ha hecho referencia anteriormente, la Exenta N° 10995 de fecha 18 de junio de 2012, mediante la que se prorrogó a contar del 01 de enero y hasta el 30 de junio de 2012, o mientras sean necesarios sus servicios la contrata como Fiscalizador grado 12 a la recurrente, quien conservaría en propiedad el cargo de Fiscalizador grado 14 del que es titular”.
“la incorporación del actual texto del artículo 57 de la ley 18.575, corresponde a la modificación efectuada por la ley 19.653, que en lo relativo a estas materias, de acuerdo a su Mensaje, se dirigía al control social de la gestión pública con el objeto de prevenir y combatir la corrupción, para evitar los posibles conflictos de interés durante el ejercicio del cargo»
«el delito de desacato no se encuentra conforme al Sistema Constitucional boliviano, puesto que su vigencia afecta a los derechos fundamentales expuestos en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y va contra compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos asumidos por el Estado boliviano, motivos por los cuales fue declarado inconstitucional».
la preceptiva impugnada se vulneran las reservas de ley las disposiciones contenidas en los artículos 19 N° 20 y 63 N°s. 2 y 14, en el artículo 65 inciso cuarto N° 1, en relación a los artículos 6° y 7°, todos ellos de la Constitución Política
en lo relativo a la negativa de acceder a la suspensión del procedimiento, quien estuvo por concederla.
“criterio sostenido por la Contraloría General de la República invocado por la recurrente ha de ceder frente al de los tribunales ordinarios, que no se encuentran vinculados por los dictámenes del órgano contralor”.
«para entrar a pronunciarse sobre la admisión a trámite es menester que la parte requirente acompañe copia de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 27 de abril de 2007, recaída en el Rol I.C. N° 8587-2002, que invalidó todo lo obrado, a que se alude en el requerimiento».
no puede invocarse el ámbito de la intimidad del propio solicitante como causal de secreto, debido a que esto sólo se justifica cuando “un tercero ajeno a la comunicación pretende acceder a ella, lo que no ocurre en este caso”.
