Fujimori participó en la audiencia de manera remota y en libertad, luego que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto de 2017 que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó por “razones humanitarias». A juicio del Ministerio Público, el indulto no es extensible al caso Pativilca.
Se les reconoce su labor durante la pandemia, con indiferencia si prestaron servicios en una empresa principal o contratista.
La resolución de estas solicitudes constituye una decisión de política exterior, que conlleva la ponderación de consideraciones relativas al manejo de las relaciones internacionales y que implica, de algún modo, en atención a las particularidades de cada caso, pronunciarse sobre la conducta de otro Estado u organización internacional.
Así como la prueba de ello es inconmensurable, según lo afirman las apelantes, también lo es la medida jurisdiccional que pretenden y es por ello por lo cual el juez de la causa debe contar con los elementos de convicción que considere pertinentes para examinar la procedencia de la tutela solicitada sobre los activos intangibles siempre, claro está, que ello se encuentre dentro de lo razonable.
Se dice que la identidad digital es la versión en Internet de la identidad física de una persona. En términos sencillos, sería la forma en que las personas se registran e identifican principalmente en redes sociales. Es una identidad que muchas veces se va construyendo de manera paralela a la identidad física.
El disfrute de las tierras por parte de los pueblos indígenas no prevalecerá sobre los intereses de la política de defensa y soberanía nacional, permitiendo la instalación de bases militares y otras intervenciones militares sin necesidad de consultar a las comunidades indígenas y organizaciones afines.
La demanda fue presentada en 2019, en la cual se alegó que los mensajes de voz del teléfono del príncipe habían sido hackeados mediante una recopilación ilegal de información. La demandada desmintió categóricamente esta acusación.
La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, al denegar el tratamiento requerido, poniendo de riesgo de forma significativa las expectativas de sobrevida de la recurrente.
El Pleno advierte que, en lo que concierne a las atribuciones de los tribunales de justicia, el proyecto explicita la aplicabilidad de la interceptación de comunicaciones en las investigaciones por delito terrorista, sin embargo pareciera necesario disipar toda duda sobre la limitación del quantum punitivo acerca de su procedencia.
La Sociedad Concesionaria del Contrato “Relicitación Concesión Túnel El Melón” solicitó al Panel Técnico que recomendara que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debe pagarle los sobrecostos derivados de retrasos en la revisión de Proyectos de Ingeniería de Detalle, modificaciones de obras y requerimientos adicionales en razón de la pandemia Covid-19.
