Reforma Constitucional establece que las personas que mantengan a través de sí o de terceros relacionados, inversiones en países señalados por el SII como un paraíso fiscal no podrán ejercer cargos públicos de elección.
La transparencia en los actos y el actuar en coherencia con las necesidades que un país cubre a través de la recaudación tributaria, constituyen un requisito primordial para acceder a la función pública.