Para desarrollar su cometido, deberá establecer -previa aprobación del Comité Interministerial de Desarrollo Social- los criterios de evaluación para determinar la consistencia, coherencia y atingencia de los programas sociales que se estén ejecutando o se pretendan implementar por los ministerios o los servicios públicos relacionados.

(…)a estos beneficios pueden acceder los condenados por cualquier clase de delitos, incluyendo aquellos que se puedan estimar de entre los “más graves”, como por ejemplo, los delitos sexuales.

“la acción aparece deducida en contra de una carta, suscrita por la Directora de la Escuela, por medio de la cual, a juicio de los recurrentes, han adquirido la calidad de alumno vigilante becario, lo que no resulta efectivo en consideración a la normativa que regula la materia”, puesto que esa “carta no constituye un acto administrativo y mucho menos un acto terminal, que permita señalar que puede llegar a constituir un derecho adquirido”.

El Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, concurrió a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado para explicar el sentido y alcance del proyecto de ley, ingresado a trámite legislativo el 15 de marzo pasado, que concede un indulto general que conmuta el saldo de las penas privativas de libertad a las personas que […]

En lo esencial, la iniciativa busca evitar que la segunda vuelta presidencial deba realizarse en el mes de enero, en pleno período de vacaciones de una parte importante de la ciudadanía, tal como ha ocurrido en las últimas tres elecciones presidenciales.

(…) tales disposiciones deben ser interpretadas en forma sistemática, pareciendo claro que los antecedentes curriculares de aquellos que pasaron la primera etapa de selección, si bien son secretos o reservados, “tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente»

“no puede soportar la carga que significa aquel comportamiento indebido de los imputados mencionados, sin caer en un incumplimiento grave de sus obligaciones”

En virtud de tales disposiciones constitucionales y legales, se han presentado durante los últimos años una serie de iniciativas -tanto de parlamentarios como del Ejecutivo- que proponen, de una y otra forma, facilitar y regular el uso de la bandera nacional

Cabe recordar que la Ley N° 19.541 (D.O., 22 diciembre 1997) modificó la Constitución y dispuso que el máximo Tribunal está integrado por veintiún Ministros, de los cuales cinco deben ser abogados extraños a la administración de justicia.

“la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto al derecho nacional e internacional, a los derechos humanos y las instituciones democráticas, para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores democráticos en el hemisferio, elementos indispensables para una exitosa lucha contra el Terrorismo”.