La gestión pendiente invocada es un recurso de protección que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago deducido en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y la Dirección del Trabajo, mediante el cual se pretende dejar sin efecto el acto administrativo que determinó que la actora no cumplía con los requisitos para ser incorporada en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración participar en una licitación.

(…)durante la discusión en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, la moción fue objeto de una indicación sustitutiva que suprime totalmente las excepciones a las incompatibilidades del cargo de concejal, es decir, incluso no podrían ser concejales los actualmente excluidos, esto es, los profesionales no directivos.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 4º y 292 del Código del Trabajo y el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. La primera de las normas impugnadas establece una presunción de derecho referida a quienes representan al empleador y lo obligan con los trabajadores. Mientras que la segunda dispone que: “En caso […]

“un derecho que asiste a toda persona a solicitar administrativamente y judicialmente la exhibición de registros o bases de datos -públicos o privados- en los cuales estén incluidos los datos personales o de su familia, para tomar conocimiento de su exactitud, solicitar su rectificación, superación, complementarlos o solicitar su reserva”.

“que la discriminación de que afirma la recurrente haber sido víctima a raíz de los sucesos acaecidos en Haití”, se fundamenta “únicamente en apreciaciones de carácter subjetivo de la actora, no corroboradas por ningún antecedente serio y válido”, por lo que resultan del todo “ineficaces para los fines propios del recurso”.

La coordinadora del proyecto precisó que el texto “facilitará tanto el estudio como el trabajo de los distintos actores del sistema penitenciario”.

A esta obligación también se encontrarán sometidos los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y alcaldes, quienes deberán cumplir esta norma en dos escenarios: cuando sus valores se vinculen con entidades privadas sujetas a fiscalización o control de sus organismos, o cuando se vinculen directamente con su ámbito de competencia.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prosigue el estudio del proyecto de ley, iniciado por mensaje, que crea los Tribunales Ambientales.La iniciativa será objeto de una serie de modificaciones ya concordadas con el Ejecutivo, según lo señaló el diputado Felipe Harboe. No es posible que este proyecto avance muy rápido, informó, considerando […]

«establece la obligación de asistencia a programas de rehabilitación por consumo problemático de drogas y alcohol; y un sistema de monitoreo telemático, como forma de control del cumplimiento de la reclusión domiciliaria y de la libertad vigilada intensiva, en los casos de condenados por delitos de violencia intrafamiliar o por delitos sexuales, y en el caso de régimen de pena mixta».

En días pasados la Cámara de Diputados -en sesión especial celebrada al efecto- aprobó un proyecto de acuerdo de los diputados Carmona, Chahín, Díaz, Harboe, Montes, Núñez, Ortíz, Pascal, Vallespín y Vargas, mediante el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a las entidades estatales encargadas de supervigilar a las entidades públicas […]