«fallecimiento se produjo por causas absolutamente ajenas a ella y del todo imprevisibles, originadas precisamente el día que iba a ser dada de alta y cuando tanto ella como en su casa esperaban felices su regreso al hogar, todo lo cual produjo que el demandante estuviera muy mal física y mentalmente”.

“la calificación de daño ecológico significativo queda demostrada”, con lo cual se da por acreditada “la relación de causalidad entre la conducta imputada a la demandada y el perjuicio originado al medio ambiente, que consistirá precisamente en la desaparición del Embalse Pitama”.

Se dedujo acción de protección en contra del Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso y de una fiscalizadora de ese organismo, con motivo de la sanción que le fue impuesta a la recurrente por no pagar íntegramente la indemnización por falta de aviso previo a un trabajador, lo que aquella considera vulnera su derecho […]

El recurrente expone que el local solo lo utiliza como su lugar de habitación, debido a que aún no ha obtenido carnet de extranjeros y, en consecuencia, no ha podido iniciar actividades.

En segundo tramite constitucional la Cámara de Diputados –actuando como cámara revisora-, introdujo una serie de modificaciones a la enmienda que había despachado el Senado a fin de incorporar la norma que impone la referida obligación en el artículo 19, Nº 3, de la Carta Fundamental, que trata de “De los Derechos y Deberes Constitucionales”.

El senador Alejandro Navarro, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, solicitó al Ejecutivo que el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, encabece la agenda legislativa, de modo que pueda ser analizado por las Comisiones Unidas de Medio […]

Observa luego que tal labor se dificulta cuando la comunidad puede suponer a un fiscal una intención “velada” en sus actuaciones investigativas “vinculadas a su futura actividad laboral una vez abandonado el cargo que ostentan”, situación que resulta más grave cuando se le atribuya una “actuación parcial a favor del Gobierno de turno y su política de prevención y represión del delito”.

La gestión pendiente invocada es un juicio penal seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en el cual se dictó el auto de apertura de juicio oral y donde el requirente tiene la calidad de imputado y acusado.

(…) la ciudadanía, para conocer los estándares de cumplimiento de calidad de la educación debe acceder “a toda la documentación que se tuvo a la vista para llevar adelante su proceso de acreditación, o sea, a través de la publicidad de la información solicitada”, pues el control de esta actividad interesa a toda la comunidad, toda vez que se trata de una actividad que “influye en el otorgamiento de una educación superior de mejor calidad”, lo que según el artículo 19 Nº 10 de la Constitución “constituye un derecho fundamental de toda persona, lo que refuerza la publicidad de esta información”.

En días pasados, fue publicado el Decreto N° 280, del Ministerio de Relaciones Exteriores (D.O., 16 abril 2010), que promulgó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El decreto promulgatorio da cuenta del cumplimiento de todos los trámites constitucionales a los que se refiere el artículo 54 de […]