El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida, tras establecer que el amparo económico no es la vía idónea para impugnar una licitación pública, cuyo conocimiento y resolución corresponde a los tribunales especializados.

El asunto se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado chileno por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Juan Luis Rivera Matus en 1975. El peticionario alegó una presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Contra la decisión, la demandada se queja de que se haya admitido el reclamo del actor, desestimando su planteo de nulidad. La parte actora reclama el cumplimiento de lo acordado con fecha 18 de Julio de 2008, en virtud de lo cual la accionada se obligaba a abonarle cierta suma de dinero.

El TC, señaló que, en casos como este, la actuación del receptor judicial es un evento que cambia de modo significativo el estado de las cosas y que, no repugna a la racionalidad y justicia procedimental que el artículo 80 del CPC se encuentre diseñado de forma tal que brinde la oportunidad de desvirtuar lo constatado por un ministro de fe, lo que ha de ser cargo de quien lo alega.

La recurrida obstaculizó la ejecución de los trabajos de construcción en un predio que no le pertenece, limitando el derecho real de dominio que asiste a la actora.

La recurrida negó la solicitud de incorporación como socio del actor en base a información financiera que se obtuvo al margen de la normativa legal vigente.

La gestión pendiente incide en proceso Contencioso Administrativo, sobre recurso de apelación, seguido ante la Corte de Santiago.

La Magistratura Constitucional colombiana adujo que es deber de las instituciones educativas propiciar la integración del alumno con la comunidad educativa y no apartarlo para que sus clases fueran individuales y sin contacto alguno con sus compañeros.

La gestión pendiente incide en proceso sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Valparaíso, en actual apelación para ante Corte Suprema.

La acción se interpuso en contra de KVZ Gestión Inmobiliaria.