El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2 y 24.
El tribunal peruano señaló que, de lo expuesto por el demandado no se permitió advertir una inminente amenaza a la integridad del favorecido.
Luego que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
En su Resolución 1-20 «Pandemia y Derechos Humanos», la CIDH recomendó a los Estados de la región reforzar sus medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia las personas mayores, ya sea a nivel intrafamiliar, en residencias de larga estancia, hospitales o cárceles, facilitando la accesibilidad a los mecanismos de denuncia.
El máximo Tribunal rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva presentada por el empleador.
Es el Poder Legislativo el único poder del Estado que se ve involucrado en la decisión sobre quiénes integrarán finalmente el máximo ente de interpretación constitucional en el sistema.
Deriva a la Primera Sala, «a partir del 1 de junio del año en curso y para el régimen de funcionamiento imperante, esto es, el extraordinario, el conocimiento de los recursos ordinarios y extraordinarios en materia civil y comercial que recaigan en procedimientos sumarios regulados en el Código de Procedimiento Civil, los contemplados en el DL 2695 y en las leyes de arrendamiento de predios urbanos y rústicos, con excepción de los asuntos cuyo conocimiento corresponda a la Tercera o a la Cuarta Sala».
La norma establece que en un estado de excepción se podrá dar tratamiento de datos sensibles a aquellas informaciones relativas al diagnóstico de la enfermedad que dio origen a la pandemia o epidemia, por razones de salud pública.
El auto despido es una figura no contemplada para poner término a los servicios del docente. Esa decisión se asimila a una renuncia.
Se vulnera el derecho de ser juzgado en un plazo razonable por lo que se debe privar de todo efecto jurídico a lo obrado en la causa y en el expediente administrativo seguido ante la Tesorería Provincial.
