La información debe remitirse al Servicio en enero de cada año, mediante comunicación electrónica.
Por emitir y visar permisos de circulación para placas patentes con multas vigentes o que no cumplen con los requisitos contemplados en el ordenamiento. Así como por emitir cheques a nombre de beneficiarios distintos a los estipulados en los comprobantes contables, entre otras irregularidades, todo ello en directo perjuicio del patrimonio municipal.
La medida prejudicial fue notificada conjuntamente con la demanda principal, cuando ya había transcurrido el plazo de la prescripción extintiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional sostuvo que los tribunales inferiores que aplicaron las penas previamente descritas no vulneraron el principio de legalidad penal, al entender que la providencia dictada por la Magistratura Constitucional posee la naturaleza propia de una “resolución judicial”, la cual tiene carácter ejecutivo.
Aun cuando la entidad edilicia haya recuperado la administración de la macroferia, no puede desconocer, sin mediar justificación razonable, la larga data de ocupación de los recurrentes.
No satisface garantías mínimas que permitan establecer una sanción con proporcionalidad.
Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.
Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un juicio de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
De lo contrario, el denunciante estaría obligado a accionar mientras se encuentra vigente la situación e ignorando su desenlace.
El requirente estima que infringen su derecho constitucional a ejercer la acción penal.
