Con 15 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones los senadores aprobaron que desde el 17 de noviembre de 2021 se utilice un criterio integral para definir la movilidad de una comuna.
El proyecto propone que «para inscribir sus candidaturas, los candidatos y candidatas independientes fuera de lista requerirán el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,2 por ciento de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados».
Parece improbable que se cambie cualquier resultado reportado, ya que el fraude electoral es extraordinariamente raro.
El Tribunal de alzada estableció que no existe vulneración en la apreciación de la prueba en la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó a la empresa demandada pagar la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo y la correspondiente a los años de servicios, incrementada en un 80%, más reajustes e intereses.
El tribunal estableció que la demanda no justificó la causal de despido por imprevisibilidad o fuerza mayor a raíz de la emergencia sanitaria por covid-19.
El Tribunal acogió, además, la demanda de cobro de prestaciones y ordenó a la Universidad de Antofagasta al entero de las cotizaciones previsionales, de salud y AFC, adeudadas.
La Magistratura señala que la CPR no le otorga al órgano persecutor la potestad para, sin un control tutelar efectivo por parte de la judicatura, hacer prevalecer, sin más, decisiones de mérito que impliquen perjudicar la pretensión punitiva de la sociedad y de la víctima.
Respecto de quién, de acuerdo al artículo 117 Nº1 de la Ley Nº20.720, el acreedor no puede pedir su liquidación forzosa invocando la falta de pago de la obligación por él garantizada.
Constitutivo de una discriminación arbitraria en perjuicio de los recurrentes en relación con el trato dispensado a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes por la administración sin entorpecimientos ni dilaciones.
La gestión pendiente incide en proceso seguido ante la Corte de San Miguel, por recursos de casación en la forma y apelación.
