La ley prescribe como se calculan los montos de subvención de establecimientos escolares en relación a la asistencia de los alumnos durante el periodo de alerta sanitaria.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El asunto discutido no es materia objeto del recurso de amparo.
El proyecto propone reemplazar el modelo tradicional de evaluación por uno que permita detectar los distintos ritmos de aprendizajes que tienen los estudiantes y proporcionar elementos fundamentales para reforzar las áreas que para ellos representa mayor complejidad.
La visita decretada se enmarca en la obligación que pesa sobre el Tribunal Ambiental en orden a realizar el correspondiente control de indemnidad del daño causado.
Con esto la proposición enviada por el Ejecutivo quedó en condiciones de ser votado por la Sala del Senado donde requiere los votos de los 2/3 de los senadores.
La llamada “ley corta” precisará aspectos como la definición de transferencias, las comisiones de servicio y regulará el traspaso de competencias de carácter temporal, entre otros.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.
El Tribunal de alzada condenó a Jorge Reyes Morel, Pedro Lovera Betancourt, Donato López Almarza y Juan Fernández Berardi a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de homicidios.
El máximo Tribunal consideró que el recurso no puede prosperar debido a no existe asunto jurídico habilitante para la impugnación.
