La Contraloría planteó ante el Senado que la Corte Suprema carece de atribuciones para determinar, a través de una acción judicial de mera certeza, el sistema de previsión de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La Fiscalía Nacional Económica señala que “al haber más actores (compradores de baterías de países extranjeros, en que el precio que se paga por este residuo puede superar al que se paga en Chile), el funcionamiento del mercado será más competitivo y se generarán incentivos para que una mayor cantidad de baterías sean recicladas”.
El Tribunal concluyó que el estudio antropológico presentado por la empresa “es metodológicamente precario y poco riguroso” por lo que no existe evidencia suficiente para descartar la afectación a la comunidad.
El máximo Tribunal confirmó la resolución recurrida, que acogió la acción cautelar presentada por Livis Bonilla Sinisterra, en contra la resolución exenta que lo expulsó del país por un delito que habría cometido en Colombia en 2004.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada en contra de la administración del edificio ubicado en Morandé 626-696 por el corte de servicios que afectó a cuatro departamentos de propiedad de la recurrente.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Magistrada Leyda Margarita Piña Medrano.
La gestión pendiente incide en los autos sobre arrendamiento de predio urbano, seguidos ante el 29° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
Se aborda la temática destacando los últimos fallos que el Tribunal Supremo de España ha dictado al efecto.
Corresponde al Pleno del TC pronunciarse en control obligatorio sobre el proyecto de ley sometido a su conocimiento.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
