Se dedujo recurso de protección en contra de un propietario de un inmueble colindante a la propiedad de los recurrentes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en cercar un camino que históricamente han utilizado para acceder al camino público.

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal, en la parte que dispone, “…cuando lo interpusiere el ministerio público…”.La gestión pendiente invocada incide en un proceso sobre delito de violación de que conoce el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán.En […]

“con el sólo requisito de inscribirse previamente en los consulados más cercanos al lugar en que residen”.

Cabe destacar que se generó un gran debate al interior del Senado en relación al acuerdo informado por el Ministro Bunster. Por su parte, el senador Orpis manifestó que esta iniciativa es “fundamental para enfrentar el problema energético del país y para desentrampar una serie de proyectos”.

“que los actos y resoluciones estatales –sean decisiones, certificaciones o dictámenes- son públicos, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, por ende, no todo lo que produce la Administración, ni todo lo que ella posee es pública, pues resulta indispensable que exista un margen de privacidad para…»

“que constituye un principio fundamental del Derecho, la proscripción de la autotutela, cuyo reconocimiento impide resolver los conflictos de propia mano al margen de los procedimientos que el ordenamiento establece para tal propósito, salvo situaciones de excepción que por cierto no concurren en la especie…»

La recurrente denunció que el error de derecho se produjo porque no correspondía aplicar el plazo de prescripción de cinco años que establece el artículo 2515 del Código Civil, sino que el de tres años que contempla el artículo 2521 del mismo cuerpo normativo, toda vez que se trata de la prescripción de un impuesto.

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte del alcalde de la Municipalidad de Villa Alemana- acerca de la prohibición que afectaría a uno de sus concejales, en relación al artículo 61 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en relación a si existe alguna norma que limite el ejercicio libre de la profesión de abogado en razón de su condición de concejal.

“los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en dicha ley”.

Se dedujo recurso de protección en contra de empresa hidroeléctrica por los actos ilegales y arbitrarios, consistentes en una serie de maniobras en un estero, lo que ha generado turbiedad y materiales sólidos en suspensión, que han afectado la actividad de piscicultura del recurrente, lo que vulneraría su derecho de propiedad.