El proyecto impone la obligación de que cualquier salario o prestación social se abone en una cuenta bancaria en la que la empleada sea titular o cotitular, como una forma de evitar que la remuneración de algunas mujeres quede bajo el control de sus maridos.
El Tribunal de alzada sostuvo que el presupuesto fáctico de la sanción es el no pago de las cotizaciones previsionales, con independencia de si el empleador hizo la respectiva retención en la remuneración del trabajador.
Los actores no solicitaron que se declarara la duración indefinida de sus contratos de trabajo.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El actor se desempeñaba como inspector municipal.
Las reglas de levantamiento de evidencias contenidas en el artículo 41 de la Ley N°20.00 son normas de carácter administrativo, por lo que su contravención no perjudica real y efectivamente los derechos procesales del acusado.
La sentencia indicó que el recurso de queja interpuesto tiene una finalidad específica, pues se encuentra circunscrito a eventuales falta o abusos cometidos en la aplicación de la propia LOC de los Partidos Políticos.
Los reclamantes señalan que durante toda la evaluación ambiental del EIA del Proyecto y especialmente en la RCA, no fueron evaluados adecuadamente los impactos significativos del artículo 11 de la Ley N° 19.300.
En cuanto a los posibles riesgos para la libre competencia, la FNE señaló que, de existir suficiente competencia intermodal (entre el ferrocarril y el transporte en camiones), incluso en el caso que la administración sea asignada a PCE, no se observarían riesgos relevantes.
La Comisión de Constitución del Senado rechazó las enmiendas que hizo la Cámara de Diputados, en el entendido de que se construyó un acuerdo para perfeccionar la aplicación de la iniciativa.
