“los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley les diere”.

“las infracciones graves al principio de la probidad administrativa solo procede sancionarla con la medida expulsiva sin que las circunstancias atenuantes puedan incidir para rebajar el castigo. Así también lo dispone el artículo 125 del Estatuto Administrativo”.

«se desprende que no concurren los presupuestos constitucionales y legales para que la acción pueda prosperar, toda vez que la disposición reprochada no es decisiva para la decisión del asunto, configurándose de esta manera la causal de inadmisibilidad del numeral 5° del artículo 84 de la LOC del TC».

“sí tenía facultades para fiscalizar la situación de lucro de las 62 universidades privadas creadas con posterioridad de 1981”, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del DFL Nº 2, Ley General de Educación, que “establece que el Ministro puede iniciar investigación y llegar a la cancelación de la personalidad jurídica de una casa de estudio superior cuando se infringen gravemente los estatutos de una corporación educacional, como sería la persecución de fines de lucro”.

“debe estar referido al ejercicio de la acción de divorcio y no al plazo transcurrido desde el cese de la convivencia, porque este último es un hecho objetivo, que se exige probar de acuerdo a las exigencias que se incorporaron a raíz de la separación de hecho y con las limitaciones allí consignadas” (Boletín N° 1759-18 (N° 890), p. 178).

“ha sostenido, en sus oficios N°s. 56.808, de 2005 y 22.697, de 2006, que en aquellos casos en que la declaración se solicite respecto de impugnaciones o revisiones de actos administrativos que no han sido resueltas dentro de plazo, corresponde estimar denegado el requerimiento»

«el acto administrativo esta dentro de lo amparado por la ley, por tanto, no resulta ilegal ni arbitrario, toda vez que los recurrentes presentaron la solicitud del denominado bono post laboral sin cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley, por lo que no procedía a su respecto».

“la prueba destinada a acreditar que el ejecutado carecía de otros bienes suficientes –fuera de la especie prendada- para satisfacer íntegramente las acreencias de primera clase, gravitaba sobre la parte que invocó esa clase de derechos”, quien no suministró antecedentes suficientes e idóneos sobre el punto en cuestión.

“cualquier dificultad que se suscite entre el asegurado, el contratante o el beneficiario, según corresponda, y el asegurador, sea en relación con la validez o ineficacia del contrato de seguro, o con motivo de la interpretación o aplicación de sus condiciones generales o particulares, su cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto de una indemnización reclamada al amparo del mismo, será resuelta por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes cuando surja la disputa”, pero si no existe acuerdo, “será designado por la justicia ordinaria y, en tal caso, el árbitro tendrá las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo dictar sentencia conforme a derecho”

el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil no es una norma reguladora de la prueba, “por cuanto ella consagra reglas que no disponen parámetros fijos de apreciación que obliguen en uno u otro sentido a los jueces de la instancia, siendo éstos soberanos en la valoración de la prueba testimonial”.