El máximo Tribunal desestimó el recurso por no explicitar cuáles serían los errores de derecho en que habría incurrido la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primera instancia que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución adoptada por la entidad fiscalizadora, al aplicar una sanción de 50 UF al exejecutivo por infracción a la ley que regula la materia.
La Comisión identificó que la situación concreta de Javier Iván Olivares, en tanto integrante del medio «Confidencial» o periodista independiente en Nicaragua, se inserta en el contexto general represivo de la libertad de expresión en el país que ha sido identificado por la CIDH.
El pronunciamiento complementa el Dictamen N°1124/010 del 30 de marzo de 2021.
La iniciativa se funda en las dificultades para poner término a los contratos y dar de baja servicios de telecomunicaciones.
El Tribunal ordenó a los demandados pagar solidariamente una indemnización total de $19.212.447 a las víctimas del choque por alcance.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y discriminatorio del servicio recurrido al no reconocer la filiación entre los solicitantes y la causante fallecida.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Policía Local de Coyhaique, aumentando la indemnización por daño moral a $2.000.000.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.
Las acciones de ejercieron en contra de la Municipalidad de Maipú.
